Este pasado jueves día 1 de marzo Izquierda Unida de Ávila nos hemos reunido con los representantes de los trabajadores de AN SCOOP, para trasladarles el compromiso que había adquirido nuestro procurador en Cortes, José Sarrión, de hacer unas preguntas a la Unión Europea sobre las ayudas recibidas por esta empresa, los trabajadores de este centro siguen mostrando su preocupación ante la realidad que acompaña al sector cárnico en nuestro país.
AN SCOOP es heredera de Avilaves, empresa que históricamente se ha dedicado al sacrificio y comercialización de pollos. Ahora han decidido cambiar el modelo de negocio para pasar a sacrificar y envasar pavos. Para ello están haciendo inversiones en la planta, con unas obras que empezaron en septiembre.
La empresa ha recibido ayudas públicas por un importe de 4.789.906,81 euros a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural, cofinanciado por la Unión Europea al 53% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para las obras que está realizando en la fábrica.
“Cuando nos referimos a AN Scoop estamos hablando de la típica empresa que es comprada y revendida una y otra vez, que recibe subvenciones públicas en este extraño sistema económico en el que vivimos y que, sin embargo, las subvenciones públicas que recibe esta empresa no se utilizan para crear empleo estable y con derechos sino para precarizar el empleo». Ha declarado José Sarrión, procurador de IUCyL-equo. “Por ello hemos preguntado a la Unión Europea si existía algún objetivo vinculado al mantenimiento de los puestos de trabajo para conceder esta ayuda, y si se ha comprobado que la empresa ha realizado las inversiones para la modernización de sus intalaciones”
En nuestro país hay unas 300.000 personas bajo la apariencia de trabajadores autónomos que prestan su servicio a la empresa sin ser contratados directamente por ella. Estas personas están sin derecho a paro, huelga o vacaciones, con diferencias salariales importantes y sin ningún tipo regulación en cuanto a jornada de trabajo. Es un fraude a la Seguridad Social ya que operan como falsos autónomos.
Sarrión ha demandado dureza con las administraciones públicas. “Lo primero que hay que hacer es analizar qué está haciendo esta empresa con este tipo de ayudas y hay que pedir a la administración pública firmeza porque aquellas empresas que reciben apoyo público no pueden tener carta blanca para hacer lo que quieran con sus trabajadores». Y ha reivindicado que “si reciben ayudas es porque tienen que crear empleo y lo tienen que hacer en Ávila y que, por lo tanto, este tipo de mecanismos como desplazar a los trabajadores a empresas de falsos autónomos, este tipo de negociaciones en torno a la flexibilidad de horas, este tipo de elementos tienen que desaparecer. Cuando una empresa es ayudada por las administraciones es porque tiene que crear empleo estable y punto y esa es su obligación y su trabajo».