El Coordinador Provincial de Izquierda Unida Segovia, José Luis Ordóñez, y la eurodiputada Ángela Vallina han logrado este miércoles arrancar el compromiso de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para seguir de cerca los daños al medioambiente causados por la planta de compostaje de Fuentepelayo. Tras estudiarse la denuncia de la Plataforma No más mierda en la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, su presidenta, Cecilia Wikström, ha instado a la Dirección General de Medioambiente a volver a analizar las posibles vulneraciones de la legislación europea en materia de gestión de residuos. Además, se enviará una carta al Gobierno local y a la Junta de Castilla y León para que den cuenta de las acciones que han llevado a cabo hasta ahora y de los últimos datos de que dispongan en torno a la planta.
Ordóñez, que ha defendido la denuncia presentada por la Plataforma no más mierda ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara, ha explicado que la vulneración de las directivas de gestión de residuos es evidente y ha pedido la intermediación de las instituciones europeas ante la inacción del Gobierno municipal y de la Junta, a quienes ha acusado de estar “haciendo la vista gorda”.
“La empresa unipersonal que gestiona la planta de compostaje de Fuentepelayo nunca produjo abono orgánico, que era para lo que tenía la licencia”, ha denunciado. Sino que lo que hizo fue “acumular residuos que compraba a las empresas a un precio más bajo que la competencia y como la planta no tenía suficiente capacidad, lo fue amontonando en tierras de labor que a su vez alquilaba a los agricultores a un precio más alto de lo habitual”.
“Con el paso de los años -ha proseguido-, los residuos se fueron pudriendo en esas tierras de labranza”, lo cual generaba, contaminación atmosférica en forma de olores, contaminación en las aguas por las filtraciones a través de la lluvia, y también contaminación en el propio terreno”. Además, “no sólo compraba residuos sólidos, sino que recibía lodos de depuradoras municipales, que también esparcía sobre las tierras de labor”, lo que acabó contaminando no sólo Fuentepelayo, sino los dos municipios colindantes.
Ordóñez ha insistido en que “durante años, la administración de Castilla y León hizo la vista gorda, lo mismo que el Gobierno municipal”, por lo que ha lamentado que se haya tenido que llegar a Bruselas y que haya tenido que ser “la propia ciudadanía la que haya acabado levantando la voz”.
Por su parte, Vallina, cree que la contaminación descrita por Ordóñez y acreditada por el Seprona “está fuera de toda duda” y que por tanto “queda demostrado que existe una vulneración de la directiva de tratamiento de residuos”. Así, ha exigido a la Comisión Europea que “dé una respuesta por escrito y que analice la información adicional” aportada por Ordóñez hoy. “Debe respetarse el principio de subsidiariedad y, sobre todo, si los Estados hacen dejadez de funciones en el campo medioambiental, la Comisión debe intervenir”, ha dicho.
La propia Comisión Europea, a través de un representante, ha reconocido la vulneración de la directiva, pero su posición inicial era la de no actuar al haber procesos judiciales abiertos. Sin embargo, la presión de ambos, pero sobre todo de la plataforma vecinal, ha conseguido que esta denuncia siga abierta en Bruselas y, tal y como ha anunciado la presidenta de la comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, “la Comisión Europea debe tener en cuenta las alegaciones e investigar el asunto”. Además, enviaremos una carta a las autoridades locales y regionales para que sean conscientes de que el Parlamento Europeo está al tanto y queremos que nos pongan al día”, ha dicho.
