La normativa del juego, con el tiempo, ha sido sometida a una gran relajación, lo que favorece a las empresas de este sector. Tras analizar la precariedad del empleo en este sector, IU ha podido comprobar cómo en los últimos años el personal de casinos se ha visto reducido, al menos, en un 60%, especialmente en los dos casinos del Grupo Comar, sin que las cifras de negocio den resultados negativos.
Sarrión ha explicado que “nosotros planteamos una regulación del juego mayor debido al impacto que este tiene por la adicción que pueda generar, creando un problema grave a miles de familias. Entendemos también que las empresas que, de forma legal, realicen su actividad deben garantizar los derechos de sus plantillas. El “todo vale” para facilitar la implantación de empresas relacionadas con el juego es un error que no genera beneficios a la sociedad y, a la larga, tampoco empleo”.
Las empresas pertenecientes a este grupo, ya han presentado propuestas a las y los representantes de las plantillas para reducciones de horarios que suponen, según declaraciones de la propia empresa a los delegados de personal, una pérdida de hasta el 30% más de empleo directo en los próximos meses. Esto, a pesar de que el Grupo Comar, según información publicada en la revista sobre el mundo del juego infoplay.info, duplicó sus beneficios en 2017.
IUCyL tiene conocimiento de que esta empresa está realizando en sus casinos de Madrid despidos de sindicalistas, llegando a despedir incluso al presidente del Comité de empresa del Casino de Gran Vía, cuestión que se encuentra judicializada en estos momentos. Todo ello, dentro de un escenario de negociaciones colectivas, lo que lo convierte en un claro acto de represión sindical.
Para finalizar, IU preguntará a la Junta de Castilla y León si se están cumpliendo con los requisitos establecidos en las concesiones de las licencias y si la Junta de Castilla y León realiza los pertinentes controles de seguimiento del cumplimiento por parte de los casinos del Reglamento de juego de CyL, además de si ha recibido comunicación por parte de la empresa de su intención de variar los horarios de apertura, lo que puede significar un cierre encubierto de dos días a la semana, incumpliendo así el Reglamento.
