IUCyL y Ecologistas en Acción han exigido la imputación «urgente» de 33 miebros del consejo de administración de Caja España, a quienes considera responsables de la concesión en 2009 de créditos a las empresas del entonces presidente de la entidad, Santos LLamas. Tras la declaración de los peritos del Banco de España en el Juzgado de León por este caso, seha puesto de manifiesto que se generó un quebranto económico a la caja de al menos 47 millones de euros por decisiones «inexplicables».
Asimismo, ambas organizaciones reclaman al juzgado que abra diligencias por un presunto delito de prevaricación por parte de los responsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta, por autorizar esas operaciones, que se habrían extendido también tras la fusión con Caja Duero, por unos diez millones de euros.
El coordinador de IUCyL, José María González, el portavoz de Ecologistas en Acción Javier Guitérrez, y los abogados de estas organizaciones, Gorka Esparza y Luis Oviedo, respectivamente, han ofrecido una rueda de prensa, para demandar que se desblooquee judicialmente el «limbo» en el se encontraban las diligencias que inició este juzgado en junio de 2013, tras la denuncia que presentaron ante la fiscalía en noviembre de 2011.
José María González insistió una y otra vez en que «no tiene sentido» que el proceso se dilate más en el tiempo y afirmó que si el juzgado que lleva el caso decide que éste duerma «el sueño de los justos otro año» habrá que entender que es «a propio intento» para frenar el proceso. González insisitó en su «preocupación» porque se siga «dejando pasar el tiempo» por parte de la justicia.
El dirigente de IU recordó que el nombramiento de Santos LLamas al frente de la entidad fue acordado por PP y PSOE, que «pusieron la zorra al cuidado de las gallinas y se comió los muslos, la pechuga y los huevos y ahora a alguno se le han atragantado las plumas».
En este contexto, hizo un llamamiento al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ante la celebración del próximo pleno de las Cortes, para que explique qué decisiones va a tomar cuando cientos de trabajadores están en peligro de perder sus empleos en la Comunidad por falta de financiación de sus empresas, por el quebranto causado en el sistema financiero ante las actuaciones que adoptó el «bipartidismo».
Gorka Esparza concretó, por su parte, que los peritos del Banco de España ratificaron en su declaración el perjuicio millonario a la entidad causado por los miembros de su Consejo de Administración, con decisiones que «no se pueden explicar» en beneficio de alguno de ellos. Según los peritos, dijo, el consejo que presidía Santos Llamas decidió refinanciar «sin garantías» en 2009, la deuda que manteían las empresas del propio presidente con la entidad, en vez de ejecutar su deuda impagada frente a su patrimonio. Además, constataron, siempre según el abogado de IUCyL, que no se exigió el abandono del cargo por parte de Santos Llamas, cuando eran totalmente incompatibles su intereses con los de la caja.
«Este es el punto de partida que articula la demanda, en vez de salvaguardar los intereses de la caja actuaban en beneficio personal, actuaban como si el dinero fuese ajeno y lo obtenían a cambio de nada, cuando a cualquier ciudadano le hubiesen exigido garantías», trasladó.
En este contexto, Luis Oviedo aseguró que «queda acreditado el delito de administración desleal» y repitió que el próximo paso «urgente» que debe dar la justicia es imputar a todos los miebros del consejo de administración, presidente, secretario y consejeros.
Oviedo también aclaró que en enero de 2009 cuando se refinanció toda la deuda de Santos Llamas, la Junta ya había modificado la Ley de Cajas, que exigía su autorización (artículo 33.2), y la entidad le comunicó que no había ofrecido ninguna garantía más y sólo se había autorizado una actualiación de las tasaciones de sus bienes, que solo cubría el 92,8 por ciento de su deuda, y se elevó su valoración cuando tenía que haber bajado. Al respecto, lamentó que sin garantía alguna, la Consejería de Economía autorizase esa operación, lo que podría suponer, dijo, un dleito de prevarización, por lo que instó al juzgado a abrir esta vía de investigación.
