Las necesidades en relación al sector de la dependencia y los servicios sociales en nuestra comunidad han centrado la jornada de campaña en Valladolid.
El candidato de IU-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, ha defendido la importancia de unos servicios que “deben ser garantía de protección social y convertirse en uno de los pilares de creación de empleo público”
En materia de servicios sociales, IU-Equo propone la puesta en marcha de un catálogo de prestaciones de servicios sociales, un Plan de desarrollo y reorganización de los Servicios Sociales y un Plan de coordinación de los Servicios Sociales con el resto de políticas sociales de la Comunidad, entre otros.
Asimismo, el programa de IU-Equo, presentado por Sarrión, aboga por la agilización de los trámites administrativos para las ayudas de dependencia, establecer una ratio de atención por Zona de Acción Social de 5.000 habitantes en el medio urbano y 3.000 en el medio rural y crear un programa de mejora del servicio de dependencia que priorice la eliminación de la lista de espera, la reducción del plazo de tramitación de las nuevas solicitudes y la revisión de los criterios de aplicación del baremo de valoración.
En lo que tiene que ver con las políticas de infancia, el candidato de IU-Equo ha defendido la lucha por combatir la pobreza y exclusión social infantil, mediante un plan de Promoción de los Derechos y del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia y la puesta marcha de un observatorio de los derechos de la infancia y la adolescencia.
“Tampoco podemos olvidarnos de las personas con capacidades diferentes, donde se debe apostar por la autonomía personal y la igualdad de derechos de las personas con capacidades diferentes, consiguiendo que los conceptos de “no discriminación” y de “accesibilidad universal” sean una realidad en vez de conceptos que no llegan a aplicarse”.
En materia de vivienda, Sarrión ha defendido la puesta en marcha de una Ley autonómica que garantice la función social de la vivienda, un órgano autonómico de defensa de la vivienda, el fomento del acceso a la vivienda desde el cooperativismo; así como la prohibición de la venta de viviendas públicas o protegidas a sociedades mercantiles privadas ni a fondos de titularización.
