La empresa de Transformación Agraria, S.A (Tragsa) se fundó en 1977, para la ejecu-ción de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Esta es la empresa matriz del Grupo Tragsa que posteriormente creo en 1989 su primera filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A (Tragsatec), para la realización de proyectos de consultoría e ingeniería.
Sus 37 años de experiencia trabajando para las Administraciones Públicas ha supuesto que este grupo empresarial haya prestado servicios en sectores agrícolas, forestales, ganaderos y desarrollo rural, hasta la conservación y protección medioambiental. En la actualidad, realiza y gestiona cualquier trabajo encargado por las Administraciones públicas relacionado con el desa-rrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, actuando también en todo tipo de emer-gencia social, catástrofe natural o accidente climático ofreciendo una respuesta inmediata.
La gran distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en todas las provincias de las 17 Comunidades Autónomas españolas, le permite responder, como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o local.
El Grupo Tragsa forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Partici-paciones Industriales (SEPI). Es de capital 100% público.
Los problemas en esta empresa llegaron en los años duros de la crisis económica, con la poca obra pública que se puso en marcha, lo que originó que las tensiones en la cuenta de resultados llegaran de una forma importante.
Por ello en septiembre de 2013 la dirección de Tragsa y Tragsatec, comenzaron a negociar un despido colectivo. Para llevarlo adelante adujeron causas económicas, por una caída significativa de ingresos desde 2009. Por lo que, según la reforma laboral de febrero de 2012, justificaría un despido colectivo, puesto que se encadenaban más de tres trimestres consecutivos con caída interanual de ingresos. El proceso acabó sin pacto el 29 de noviembre y la empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año.
La Audiencia Nacional en abril de 2014 anulo el ERE por tres causas, entre ellas la falta de criterio en la selección de los 726 afectados por el expediente de la empresa pública. El tribunal concluye por unanimidad que si para lograr un puesto de trabajo en la Administración hay que respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo mismo debe garantizarse a la hora de despedir y la empresa pública Tragsa no lo habría hecho. También condenaba “solidariamente” a la filial Tragsatec que realizó un despido colectivo que afecta a 601 trabajadores al mismo tiempo que la matriz.
Pero el pasado 26 de noviembre el Tribunal Supremo publicó la sentencia sobre el procedimiento de despido colectivo iniciado por las empresas TRAGSA y TRAGSATEC, ambas dependientes de SEPI, que podría permitir al grupo Tragsa despedir a 1.336 rondando el 20% de la plantilla. Se ejecutó dicha sentencia el 29 de diciembre, lo que supuso el despido de 555 Trabajadores y trabajadoras, 175 de más de 50 años de edad.
El pasado 21 de enero la empresa, tras la ejecución de los 555 despidos comunicó la finalización de la ejecución del Procedimiento diciendo que ha adaptado la misma a las causas económicas y productivas actuales. No obstante, a las pocas horas empezaron a salir las mismas vacantes que ocupaban estos trabajadores y trabajadoras en el portal de empleo de Infojobs, habiéndose ofertado a día de hoy hasta 67 vacantes (sólo en la filial) de igual perfil, categoría y tareas que el personal despedido.
En la actual situación de empleo, esta decisión es absolutamente inaceptable por el profundo impacto que tiene sobre la economía del país. Además, los datos económicos y productivos del grupo, pasados dos años del inicio del procedimiento, demuestran que la situación ha cambiado en positivo sobre las estimaciones de pérdidas y de producción que había hecho la empresa en el inicio del expediente. De hecho los datos indican que la empresa ha contratado después a personal eventual por el aumento de la carga de trabajo (1300 trabajadores eventuales).
Hablamos de un grupo de empresas públicas fundamentales para el desarrollo de sectores básicos de la economía, que pretende tomar una decisión basada en una previsión de pérdidas, para el periodo 2014-2019, de 64,3 millones de pérdidas en el conjunto del Estado, aunque esta cifra varía de un mes a otro por el incremento de la cifra de negocio que está teniendo el grupo. Sin embargo, y al mismo tiempo, el grupo prevé hacer unas reservas voluntarias de más de 261 millones de euros, por lo que apenas utilizando un 28% de éstas, podría cubrir las previsiones de pérdidas.
Ante esta situación parece lógico pensar que al igual que se pedía un esfuerzo a la plantilla hubiera sido necesario la reestructuración de la estructura directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Pero, al contrario, parece ser que se siguieron abonando primas por objetivos con cifras astronómicas a mandos directivos e intermedios durante estos supuestos años de dificultades económicas para el grupo y que la intencionalidad de todo este procedimiento es la de precarizar aún más las condiciones laborales del personal productivo (el personal de Tragsatec está sin convenio colectivo desde el 1 de enero de 2015).
No debemos olvidar que el grupo TRAGSA es 100% público, trabaja en exclusiva para la administraciones, siendo estas sus únicos clientes, por lo que no pueden ser ajenas a decisiones injustificadas en los términos de reducción de empleo que se están planteando, sobre todo después de escuchar en los últimos meses por parte del Gobierno central el inicio de la recuperación económica.
Por lo expuesto, el Consejo Político Federal de IU acuerda la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Manifestar que la ejecución del ERE en el grupo TRAGSA es profundamente perjudicial para los intereses del país en términos de empleo y para la realización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la Administración.
2. Dirigirse al Gobierno central y los ministerios afectados con todos los cauces y actuacio-nes necesarias posibles al fin de revertir la ejecución del mencionado ERE en el Grupo Tragsa.
3. Dirigirse al Gobierno de España instándole para que la dirección del grupo de empresas públicas Tragsa abra una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajado-res que permitan plantear un nuevo plan empresarial para el mismo e incrementar su capacidad de producción y empleo.
