La Comisión Europea ha transmitido a la eurodiputada de IU, Marina Albiol, la negativa de la empresa Berkley para hacer público el informe completo por el que se autoriza la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).
IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León trasladó, a través de Albiol, una pregunta a la Comisión Europea, por la que se solicitaba el informe que aprobaba la construcción de la citada mina, “ya que el documento está clasificado, lo que viola el principio de transparencia”, apunta el procurador de IUCyL, José Sarrión.
El Tratado EURATOM, en su Art.44, señala que la Comisión Europea sólo publicará la notificación de un proyecto sí, el inversor y el Estado miembro implicado, dan su consentimiento. En este caso, el inversor, Berkeley, ha negado su publicación.
El procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León cuestiona qué quiere ocultar Berkeley a los ciudadanos de CyL, “en un proyecto que discurre por una zona LIC y ZEPA, protegida como parte de la Red Natura 2000”.
Asimismo, Sarrión recuerda el “entramado” que existe en el proyecto. “El exconsejero del PP, Manuel Lamela -exnúmero dos de Arias Cañete-, representa a la empresa en la UE. El fichaje se produce semanas antes de someter el proyecto a examen en Europa, con la coincidencia que departamento competente para estudiar el proyecto depende del Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete”.
A fecha de hoy, señala el procurador de IUCyL-Equo “resulta imposible comprobar los argumentos exactos de la Comisión que autorizaron el proyecto por su carácter clasificado”.
Además, a raíz de la pregunta formulada por Izquierda Unida, la Comisión Europea investiga si se han aplicado correctamente en este caso el Derecho de la Unión y, en particular, la evaluación de impacto ambiental y la Directiva sobre hábitats. En caso de que la evaluación jurídica revele una mala aplicación del Derecho de la Unión, la Comisión recuerda que, en su papel de guardiana de los Tratados, podrá adoptar las medidas necesarias, incluidos, en su caso, los procedimientos de infracción apropiados.
IUCyL-Equo permanece muy atenta a la investigación y reitera su indignación “porque los intereses particulares prevalezcan sobre el interés general de la ciudadanía, impidiendo el acceso a una información que afecta a toda una comarca y que supone la degradación total de sus condiciones de vida”.
El procurador de IUCyL-Equo recuerda que presentó una PNL en el Parlamento autonómico para la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental, por no contemplar la radioctividad que los residuos producirían en mina y la planta de concentración de uranio.
