Izquierda Unida de Castilla y León ha reclamado la retirada de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y el fin de la degradación que viene sufriendo la educación pública en favor de la privada, a la vez que ha anunciado su apoyo a la jornada de movilización de la comunidad educativa convocada para mañana.
“Somos una oposición activa; la única oposición y, uno de los primeros elementos que vamos a poner en marcha es recuperar la movilización, la calle; porque es donde debe centralizarse la política”, ha puntualizado el Coordinador de IUCyL, José Sarrión. “IUCyL apoyará la jornada reivindicativa porque las reválidas suponen un mecanismo que dificulta el acceso a los distintos niveles de educación y la jerarquizan sociablemente”
Sarrión ha exigido mayor inversión pública en educación, poner fin a los recortes y no dificultar el acceso a los diferentes niveles educativos. “Toda dificultad e impedimento que impida el ascenso en la escala educativa supone un déficit y un problema a las personas más desfavorecidas socialmente”.
Por su parte, la miembro del Área de Educación de IUCyL, Rocío Anguita, ha reclamado el fin de la degradación del sistema público y ha denunciado que “no es de recibo que alumnos de cuarto de la ESO de Castilla y León hayan estado un mes sin profesor en algunas asignaturas”.
Una discriminación, ha puntualizado Anguita, que también se extiende a la configuración del mapa de titulaciones de la Consejería Educación, “donde se potencia la oferta de las universidades privadas en detrimento de las públicas”.
A su vez, ha criticado la falta de inversión, puntualizando que la media por alumno y año en España está 800 euros por debajo de la media de la OCDE, y ha advertido que “con la actual legislación, sólo llegarán a la universidad los hijos de las familias con mayor nivel de recursos”.
Anguita también se ha referido a la incertidumbre de los alumnos de segundo de Bachillerato, “que aún no saben a qué tipo de prueba se tendrán que enfrentar en junio, ya que todavía se desconocen los contenidos o si será un examen tipo test o de desarrollo de una materia”, y ha recordado que “lo más grave es que no está garantizado el derecho a la educación, ya que antes la Selectividad era la puerta de acceso a cualquier universidad del país, y ahora cada comunidad autónoma hace su reválida. Esperemos que recapaciten, que hagan caso a los rectores y que se vuelva a la Selectividad”.
Por su parte, la responsable provincial de educación, Conchi Ayala, ha criticado que las reválidas sólo suponen un coste para las administraciones publicas y las familias y un gran negocio para las academias privadas, y ha asegurado que ante la “degradación que sufre el sistema educativo público es necesaria la movilización de toda la comunidad educativa”.
