Izquierda Unida de Castilla y León denuncia el deterioro del Programa Releo en la ORDEN EDU/185/2017, de 15 de marzo. Este programa tiene por objeto proporcionar el uso gratuito de libros de texto al alumnado que curse educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León”, pero creemos que no va a cumplir el objetivo previsto y empeora las condiciones del Programa Releo de años anteriores.
En primer lugar, en esta convocatoria dependerá del “requisito indispensable para ser beneficiario de las ayudas incluidas en el programa que la renta de la unidad familiar no supere en 2 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir 14.910,28 euros”. En estas condiciones, las familias que tienen pocos recursos pero superan este umbral de renta (independientemente del número de hijos e hijas, por ejemplo) quedarán excluidas, al tiempo que no podrán adelantar el dinero de la compra de libros, como se han comprobado en cursos anteriores.
Así mismo, las cuantías previstas suponen un empeoramiento muy drástico de las condiciones para la obtención de libros gratuitos. Las cantidades de esta convocatoria son:
a. Doscientos cuarenta euros (240 euros) para financiar la adquisición de libros de texto de educación primaria.
b. Trescientos diez euros (310 euros) para financiar la adquisición de libros de texto de educación secundaria obligatoria.
En tercer lugar, mientras que en los años anteriores se podía beneficiar todo el alumnado matriculado que quisiera participar en el RELEO, este año sólo llegará a unos pocos. Las Federaciones de AMPAs de Centros Públicos de Castilla y León, junto a su Confederación advierten que la Orden de la Consejería de Educación no contempla ninguna partida presupuestaria para la adquisición de nuevos libros tras atender las solicitudes de la familias que cumplan el requisito de baja renta, incluso habrá familias que se queden sin ayudas por las dificultades que sigue poniendo la Consejería, el resto de familias participantes tampoco tendrán la garantía de que sobren libros para ellas una vez adjudicados los fondos existentes entre las familias beneficiarias de la ayuda.
De esta manera, se indica que las familias que no resulten beneficiadas de dicha ayuda aparecerán ordenadas por nivel de renta (art 14.1) en un listado que será publicado en los tablones de anuncios de la consejería, lo cual infringe la ley de protección de datos.
La Consejería debería facilitar a las familias y a los centros el proceso de gestión de los bancos de libros, dotándolos de fondos suficientes y que las ayudas a todas las familias se canalicen directamente a través de los citados bancos de libros, disponiendo de horas al profesorado para su gestión.
Desde Izquierda Unida denunciamos este desmantelamiento de un programa que funcionaba bien y era eficaz, aunque es mejorable, para que los niños y niñas pudieran tener ayudas para conseguir libros de texto.
