IU-Equo denuncia los cambios “de tapadillo” que esconde el Proyecto de Ley Medidas Tributarias y Administrativas del ejecutivo autonómico. A través de la norma, se modifican 17 leyes autonómicas; en el caso de la referida a la Función Pública de Castilla y León, se introducen varias alteraciones. En primer lugar, la convocatoria del concurso general abierto y permanente pasa a convertirse en opción “a gusto del Gobierno”, en lugar de una obligación prevista por la Ley.
IU-Equo demanda el carácter obligatorio de la convocatoria, limitando las comisiones de servicios. “Se trata de un derecho del personal funcionario y una medida de higiene democrática”, puesto que la elección se realizaría en base a meritos cuantificables y objetivos, en lugar del “amiguismo y el pago de favores”.
En segundo término, IU-Equo reivindica en sus enmiendas parciales la supresión del carácter excepcional de los concursos específicos. “Consideramos que todas las plazas deben estar incluidas en el concurso ordinario, para garantizar la objetividad en el acceso a puestos de trabajo y la carrera profesional”. Y reclama que se expliquen los términos capacidades y aptitudes en los concursos, “conceptos que crean incertidumbre al no ser cuantificables de forma objetiva”.
En referencia a la Ley Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, IU-Equo demanda que la Administración de la Comunidad ponga a disposición de los ciudadanos los modelos y formularios precisos para el acceso a los servicios; potenciando la sede electrónica y facilitando los medios a la población con dificultad de acceso a los medios telemáticos. “No se puede imponer su utilización a quienes no pueden acceder a ella, y están en inferioridad de condiciones a la hora de acceder a cualquier servicio de la Junta”.
Finamente, en materia de la Ley Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, IU-Equo reivindica ampliar el plazo de participación ciudadana en los anteproyectos de Ley a veinte días frente a los diez días que propone la Junta. Y rechaza la adición de un nuevo trámite de urgencia para eliminar los trámites de consulta previa y de participación, así como omitir informes preceptivos.
