IU-Equo ha solicitado abrir una investigación para esclarecer si alguna empresa de nuestra Comunidad, que imparte formación profesional para desempleados, y subvencionada por la administración autonómica, ejercita una presunta práctica fraudulenta para exigir la devolución de una parte del salario de sus trabajadores en efectivo.
La iniciativa, registrada en el mes de mayo, ha sido debatida en la Comisión de Empleo y ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, por lo que continuará su tramitación en Sesión plenaria.
Con el objetivo de fiscalizar y controlar las políticas del ejecutivo autonómico en matera de formación a desempleados IU-Equo ha defendido diversas iniciativas en torno a las acciones de formación profesional para el empleo dirigidas a desempleados, y conocidos normalmente como cursos FOD y OFI.
Tal como reflejó la revista Interviú el pasado 17 de abril de 2017, en un artículo que llevaba por titular “Cursos de Formación. El fraude de los sueldos falsos”, se recoge la afirmación: “Es una práctica generalizada e impune en toda España. Las subvenciones para cursos de formación… se justifican en falso. Los profesores declaran a Hacienda mucho más de lo que realmente cobran, pues las academias privadas les exigen que les devuelvan un 30% del salario que oficialmente les han pagado”.
Ante el miedo transmitido a IU-Equo para denunciar estas prácticas públicamente, el procurador de IU-Equo ha reivindicado en una Proposición No de Ley la necesidad de realizar una investigación por parte del ECyL, “donde el docente, sin intervención de la empresa, exprese en una encuesta de calidad cómo ha sido el curso impartido. Confirmándose o detectando de esta forma la existencia o no de fraudes”
“La obligación de denunciar e investigar este presunto fraude es el personal técnico del ECYL de formación, quienes tienen como función velar por la correcta impartición de las acciones formativas y de su correcta justificación económica”, ha expuesto.
El procurador ha concluido su intervención proponiendo que sea la administración autonómica quien ingrese directamente el salario al profesorado.
