Castilla y León arde por los cuatro costados, nos sitian los incendios forestales. El balance a día 21 de agosto de 2017 es espeluznante:
Desde el pasado enero se han producido en nuestra comunidad más de 2.900 incendios y, de ellos, 1.950 se ocasionaron fuera de la temporada de alto riesgo. El día de referencia, 21 de agosto, había 20 incendios activos: 3 en Ávila, 9 en León, 1 en Palencia, 1 en Salamanca, 2 en Segovia y 1 en Zamora. En lo que va de año se han calcinado más de 20.000 ha. El día 25 se sumaron tres más: uno muy activo en la Sierra de la Culebra, León, otro en Ávila que ha afectado también a la provincia de Salamanca, de nivel 2, y otro en Zamora. A primera hora del 27 de agosto, hasta que la lluvia ha mejorado la situación, estaban activos 5 incendios en Ávila, uno en Burgos 4 en León, 6 en Salamanca y 12 en Zamora.
El análisis de las causas, que compartimos con varias organizaciones sociales y políticas como CCOO, CGT, CNT-AIT y PCE, contempla varios aspectos:
El político:
Ya que las políticas de recortes en materia de prevención y extinción de incendios que se han llevado a cabo durante los últimos años, por el Gobierno de la Junta de Castilla y León, han conseguido que, según declaraciones de las Brigadas de Refuerzo de los Incendios Forestales, Brif, nuestra región sea la más precarizada en el sector forestal y de labores de extinción; con gran número de contratos temporales, sueldos bajos, jornadas de 14 horas, vacantes que no se cubren, subcontratas y reducción o inexistencia de las labores de prevención, carencia absoluta de educación medioambiental y de concienciación de la población. Los incendios se apagan en invierno.
La Ley 2/2017 de 24 de marzo de 2017, de Montes y Ordenamiento Forestal, provocó que sea más rentable quemar un área forestal que protegerla, dado que vivimos en un sistema económico que no considera beneficio las aportaciones del medio natural excepto si es contabilizable en euros. Así pues, se considera que los árboles no dan rédito, pero que sí es un negocio lucrativo, para algunas empresas, la extinción de incendios, las repoblaciones o la madera que se salva de la quema; al igual que parece serlo para las administraciones públicas y el sector de la construcción la recalificación del suelo de la zona quemada.
Otra cuestión de vital importancia es la gestión de los bosques naturales y las áreas de cultivo, silvícolas o pastizales, tras décadas de neoliberalismo salvaje, desarrollismo y concentración de las personas y los medios de producción en las grandes aglomeraciones urbanas, provocando el éxodo rural que está matando las posibilidades de un verdadero desarrollo sostenible, no sólo del mundo rural, sino también de esas urbes, cada vez más masificadas.
La Ley no persigue ni castiga con eficiencia la provocación deliberada de incendios que, no sólo afectan a la vida de bosques y montes, sino que muchas provocan la muerte de personas. La provocación de incendios forestales debiera tener la calificación de terrorismo ecológico.
La política agraria europea, PAC, en su reciente aprobación de subvenciones para nuestra ganadería extensiva llega a penalizar el arbolado en los pastizales en el denominado “coeficiente de aceptación de pastos”, criterio contra el que Izquierda Unida protestó enérgicamente en su momento.
El ambiental:
El cambio climático es un hecho cada vez menos discutible, provocando la inversión hídrica y la sequedad del ambiente con unas temperaturas cada vez más altas, además de las grandes extensiones repobladas con especies alóctonas como el pino o el eucalipto, altamente inflamables, el cese de las labores de pastoreo de la ganadería extensiva, la reversión en la función del suelo desde depurador de CO2 a emisor dadas las malas prácticas agrícolas y los propios incendios, que han conducido a Grandes Incendios Forestales, GIF, como el ocurrido en Portugal este mismo año, o en Sierra de Gata el año pasado, sean cada vez más probables.
Ante todo este cúmulo de factores adversos y despropósitos urge un replanteamiento en las políticas de la Junta de Castilla y León y de las administraciones públicas, en general, desde el mismísimo Ministerio de Medio Ambiente hasta el municipio más pequeño, y urge porque nos jugamos mucho.
Es necesario terminar con las políticas de austeridad en materia forestal, se necesitan más inversiones en contratación de agentes medioambientales, brigadas de limpieza y bomberos forestales, y el cese de las privatizaciones en materia de extinción de incendios. Urgen más y mejores políticas que favorezcan la implicación de las personas en el cuidado de sus bosques, revitalizando el sentido comunal que han tenido siempre pastizales y bosques. Hace falta un giro radical, desde las instituciones, en las políticas agropecuarias favoreciendo la ganadería extensiva, la agricultura sostenible y el aprovechamiento forestal y de los productos silvícolas razonable y racional que los salvaguarde y ayude al desarrollo de las zonas rurales. Urge un modelo urbanístico menos invasor, que tenga en cuenta la protección del suelo y sus funciones así como el mantenimiento y respeto de la capa freática y del ciclo del agua, tanto como la prevención de la interacción entre urbanizaciones e incendios forestales.
Urge que, desde las administraciones públicas, se devuelva a la gente la corresponsabilidad en el cuidado y protección del entorno que nos afecta a todas las personas. Urgen políticas de reconexión del ser humano con la naturaleza, porque somos parte de la misma naturaleza y porque aunque los árboles no votan, dan oxígeno.
