Han pasado poco mas de dos años de la entrada en vigor de las “Leyes Mordazas” (nueva Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal) y el balance es el que ya preveíamos, incremento de la represión policial y la continua vulneración de los DD.HH. y de las libertades básicas como la liberta de manifestación y de expresión. Esta represión está dirigida, de manera especial, a los movimientos sociales reivindicativos que ponen en cuestión las políticas neoliberales, como es el caso de la PAH.
Ya teníamos antecedentes de denuncias de la policía contra miembros de la PAH de Zamora por las acciones llevadas a cabo contra la estafa de los bancos y la vulneración sistemática y continuada del derecho a la vivienda por parte de las políticas serviles del gobierno del PP en beneficio del poder financiero y que hemos venido realizando a través de concentraciones ante las sucursales de los bancos y ocupaciones de las mismas cuando han pretendido desahuciar a la gente, así como otro tipo de acciones, todas ellas pacíficas, saldándose con diez denuncias por desacato, coacciones o resistencia a la autoridad en dos ocasiones distintas, denuncias que recurrimos ante el juzgado y que, finalmente, ganamos el recurso que presentamos, excepto la condena de uno de nuestros compañeros a cuatro meses de cárcel o su sustitución por una multa o trabajos a la comunidad.
En esta ocasión, las multas de 300 euros han recaído sobre seis personas que asistieron al llamamiento que la PAH hizo para concentrarse ante la Delegación de Hacienda en defensa de derechos básicos, que creíamos que se estaban vulnerando, de una familia de Toro, Mari y Ramón, a quienes la Agencia Tributaria había embargado su granja y su vivienda por una deuda contraída por una mala información y un mal asesoramiento, cuando tenían, junto con dos hermanos de R., una sociedad de compra-venta de coches de importación y cometieron el error de no cobrar el IVA de los coches que vendían a sus clientes, IVA que la A.T. reclamó años después, encontrándose con una deuda que no pudieron asumir y que finalmente terminó con el embargo de los bienes patrimoniales, además del taller de coches en el que trabajaban.
La base de la denuncia de la policía es no haber notificado el llamamiento a la ciudadanía a concentrarse ante la subdelegación de la Delegación de Hacienda, cuando este llamamiento se tuvo que hacer de un día para otro porque el caso llegó a la PAH el día 30 de mayo y el día 31 de mayo se hizo la convocatoria para el 1 de junio. La razón de esta premura es porque queríamos negociar con la A.T., con la que teníamos un encuentro ese día, antes de que sacaran a subasta la granja y la vivienda, subasta prevista para el día 6 de junio y, a ser posible, parar lo que considerábamos un desahucio de su vivienda y la pérdida de su medio de vida, por lo que ya incumplíamos los 10 días mínimos que marca la ley. En este sentido, la libertad de manifestación está por encima de reglamentos sobre la misma, mas aún si cabe, cuando no se altera el orden público como era en este caso, puesto que es una plaza por la que no hay circulación y no se impedía el normal desarrollo de la vida en la ciudad,
En el acta de la denuncia que la policía realiza se contemplan aspectos que son totalmente inciertos, llegando a niveles surrealista. Asumimos que quien convoca la concentración es la PAH de Zamora, junto a la UCCL, como así figura en la convocatoria hecha a través de las redes y enviada a los medios de comunicación. En el acta solo se responsabiliza a la PAH, colectivo con un funcionamiento asambleario, por lo que es la asamblea la responsable de la convocatoria. Por otra parte se denuncia a los que considera responsables de la convocatoria a través de indicios como hablar por el megáfono o sostener una pancarta, cometiendo el error de acusar a personas, en concreto tres de las seis, que no pertenecen a la PAH, aunque sigan sus llamamientos. O acusa a otras personas que ni pertenecen a la PAH ni se destacaron en la concentración por estos indicios.
Otra de las acusaciones totalmente falsas en que obstaculizábamos el acceso a la Delegación de Hacienda. Les animamos a que presenten testimonios sobre tal afirmación. En ningún momento se impidió la entrada y salida de la gente a Hacienda como afirma la policía.
Lo que es claro es que el gobierno del PP está dispuesto a aprobar leyes como las “leyes mordaza” que criminalicen, para su posterior represión, a todos aquellos movimientos sociales que defiendan las necesidades de los trabajadores, de los de abajo, de las clases populares y se movilicen para lograr el éxito de las reivindicaciones basadas en dichas necesidades y hacerlo de manera pacífica. A lo que la Subdelegación del gobierno de Zamora se aplica con especial celo. Por las sinrazones de la subdelegación del gobierno y de la policía, recurriremos estas multas.
Cuando se vulneran derechos básicos y los canales institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las movilizaciones contra los desahucios, la dación en pago o la creación de un parque de viviendas de alquiler social, amparados por la Constitución y los DD.HH., e impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del Estado, reflejan claramente esta voluntad garantista.
Ni la criminalización de las protestas, ni la represión del Estado-policía nos va a persuadir ni amedrentar de seguir luchando por lo que es la más elemental de las justicias, el derecho a una vivienda digna. No vamos a consentir que asfixien la protesta pacífica ni con abusos ni con leyes represivas. No vamos a consentir que los manifestantes pacíficos sigan pagando un alto precio por ejercer sus derechos humanos
Por ello pedimos a la oposición que deroguen cuanto antes estas leyes represivas y aprueben una nueva ley que garantice los DD.HH. y el ejercicio de las libertades.
