Los colectivos de Castilla y León que están trabajando por la Memoria Histórica han recibido estos días una noticia, por parte de la Junta de Castilla y León, que puede ser un dardo envenenado.
Se trata de la iniciativa del gobierno del presidente Herrera de tramitar, mediante la fórmula de un decreto, una Ley de la Memoria Histórica y Democrática para Castilla y León. La primera duda que surge es el motivo que ha llevado al ejecutivo a utilizar una vía, la del decreto ley, que deja fuera del debate al conjunto de las fuerzas políticas que componen las Cortes.
Otras dudas que se ciernen sobre esta ley es el sesgo que ha utilizado el gobierno de Castilla y León para reunirse con las asociaciones de la comunidad y consensuar con ellas la ley. Numerosos colectivos de Castilla y León han declarado que no han sido consultados y que se han encontrado, cuando les ha llegado a su poder, un texto ya cerrado y listo para el trámite de su aprobación.
Casualmente estos colectivos son los que mantienen una postura distinta sobre cómo abordar el trabajo de Memoria Histórica. De hecho, a pocos días de aprobarse el decreto, han elevado a la Junta su punto de vista mediante un documento que han hecho llegar a la Consejería de Presidencia a través de un registro.
La discrepancia que mantienen frente a otros colectivos memorialistas afecta a cuestiones de fondo. Mientras a todo el mundo llega la imagen de la memoria vinculada al desenterramiento de los asesinados por el franquismo, y se da por hecho que la acción de desenterrar los restos y entregárselos a los familiares es la meta en sí que se persigue, existe un matiz, o tal vez sea algo más, que fija estas diferencias entre colectivos memorialistas.
Los tres objetivos que persiguen todos estos colectivos son los mismos: verdad, justicia y reparación. Aquí es donde surge ese matiz que diferencia. Se trata de la reivindicación de justicia. Judicializar los levantamientos de cadáveres encontrados en las fosas que se abren para la recuperación de los restos, es el modo de dejar fijado, por la vía judicial, la plasmación del crimen cometido.
La otra reivindicación es, en la reparación de la memoria y la inocencia de las personas ejecutadas y olvidadas después en las cunetas, la de invalidar las leyes que les acusaron de crímenes que no cometieron, leyes injustas y que fueron creadas para dotar de un marco legal lo que las asociaciones memorialistas tildan, y con razón, de genocidio.
Posiblemente, debido a la buena voluntad, a la necesidad de darle a las familias la posibilidad de cerrar la página del reencuentro con los restos de sus familiares asesinados y desaparecidos, se estén dando pasos en sentido contrario y haciendo que los hechos no queden sujetos a la contundencia incontestable que otorga la resolución jurídica. Esta distribuye y fija la responsabilidad del verdugo y reconcilia con la inocencia a la víctima.
Los Foros por la Memoria de Castilla y León, no obstante, seguirán luchando por este triple objetivo: verdad, justicia y reparación, y lo harán atendiendo el complejo entramado que supone la voluntad de las familias, su derecho a enterrar con dignidad a los suyos, pero también a la obligación de dejar fijadas las responsabilidades, sin ánimo de venganza, más bien con el fin de plasmar la tercera pata de esta triada: la necesidad de dejar delimitados, con nitidez, los contornos de la verdad.
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