IU-Equo defiende su voto ‘abstención’ a la Proposición No de Ley sobre la AP-6, AP-61 y AP-51 por constituir un “cúmulo de incoherencias, brindis al sol y parches, que no solucionan ni acatan la sentencia de 22 de Abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/2010/111) donde se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51).
La iniciativa parlamentaria debatida en Sesión plenaria constituye un “acuerdo entre PP y PSOE, los dos responsables del incumplimiento de la sentencia, por tanto culpables de que la concesión siga a día de hoy”. “En la resolución no se garantiza que la AP-6, AP-61 y AP-51 no vayan a volver a ser sometidas a una concesión, para que siga siendo gestionada por una empresa privada”, argumenta el procurador de IU-Equo, José Sarrión.
Inicialmente se presentaron dos Proposiciones No de Ley –una del PP y otra del PSOE-, a las que IU-Equo introdujo enmiendas de sustitución y adición, recuerda Sarrión. “Enmiendas rechazadas por los proponentes, así como la votación por puntos. Existen cuestiones con las que sí estamos de acuerdo, pero nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino al imponer el voto en bloque de la iniciativa”.
En su punto segundo de texto aprobado, “es inaceptable, porque sigue dejando en el aire la finalización de la concesión, lo cual constituye una incoherencia y contradicción puesto que anteriormente se exige acatar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/2010/111)”, denuncia el procurador.
Del mismo modo, y a tenor de la exigencia de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/2010/111), esgrimida en el inicio de la propuesta de resolución la concesión finalizó el 29 de enero de 2018. “La concesionaria se encuentra en una situación ilegal”, denuncia el procurador de IU-Equo.
IU-Equo recuerda que el RD525/2012 reconoce la ilegalidad de la concesión de 1999, y en sus disposiciones otorga una rebaja de siete años a la concesión. “Esto es una incongruencia. Si es ilegal no se puede hacer cumplir una sentencia con un remiendo de la rebaja de tiempo. Eso no es cumplir una normativa, eso es hacer un chantaje a la legalidad”. “¿Quién en su sano juicio puede creer que rebajando 7 años el periodo concesional se cumplen automáticamente las directivas europeas vulneradas? Ese Decreto 525/2012 es un fraude y lo que hay que hacer es derogarlo”. “Es especialmente grave este acuerdo entre PP y PSOE para este texto deslavazado y contradictorio cuando precisamente ayer el Sr. Aceves situaba en un horizonte de 10 a 12 años la finalización de la concesión, cuando de acuerdo a la Sentencia la concesión finalizado el pasado mes de enero”.
Hay que recordar, que pese a la contundencia de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ninguno de los sucesivos gobiernos españoles, de PSOE y PP se ha preocupado de cumplirá de forma real y efectiva. La Sentencia declara la ilegalidad de la prórroga decretada por el gobierno de Aznar fraudulentamente por entre 32 y 37 años más. La sentencia obligaba al gobierno español, como mínimo, a volver a repetir la adjudicación de este paquete de autopistas, cumpliendo la normativa que en aquel momento se vulnero. Cosa que no se ha hecho en ningún momento.
En el RD 525/2012 se reconoce (en la Exposición de Motivos) que la concesión de 1999 es ilegal por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir varias directivas europeas, pero, acto seguido, en la parte Dispositiva, en un claro ejercicio de incongruencia, se da implícitamente por buena la concesión ilegalizada y la modifican rebajando 7 años el periodo concesional que se otorgaba en esa concesión de 1999, ilegal.
IU-Equo señala que la AP-6, AP-51 y AP-61 AP-6 ha sido más que sobradamente amortizada por IBERPISTAS desde 1968 hasta 2018. “Ha pasado el tiempo, ha terminado la concesión de 1968, y ha llegado el momento de que el actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, de cumplimiento a la sentencia y el Estado asuma la gestión directa”
La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/2010/111) es fruto de una denuncia realizada por la Asociación Centaurea y el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Ávila en 2000 ante la Comisión Europea, a quién Sarrión ha reconocido su importante labor, en varias ocasiones, a lo largo de su intervención.
