Iniciativa de Izquierda Unida-Equo convergencia por Castilla y León para su debate en la Comisión Economía y Empleo de las Cortes de Castilla y León.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Instar al Gobierno del Estado a tomar las medidas necesarias para que se ponga en marcha la Tarifa Social (electricidad, gas, agua) y esta medida se aplique a todas las personas que la necesiten.
2.- Instar al Gobierno del Estado a la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Dicha Ley incluirá la prohibición del corte de suministros en vivienda habitual.
Igualmente en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura así como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creará el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias.
3.-Instar al Gobierno del Estado a modificar la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico, atendiendo al carácter de bien básico de los mismos para el bienestar y la salud.
4.- A la elaboración de un plan urgente para garantizar los suministros vitales básicos, con el objetivo de garantizar el derecha de la ciudadanía a éstos, y que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas, sin seguir gastando el insuficiente presupuesto de ayudas de emergencia social en seguir subvencionando a las grandes empresas que suministras energías a los hogares de Castilla y León.
5.- A generar un plan específico y con dotación presupuestaria anual para la regeneración de vivienda en cuanto a eficiencia energética, priorizando las zonas degradadas económicamente con el fin de paliar las situaciones de vulnerabilidad energética.
6.- A encargar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa pública de distribución como paso indispensable para el avance de la soberanía energética y hacia la democratización de la producción y consumo de energía para el conjunto de la ciudadanía sin dependencia de las grandes multinacionales del sector.