La dirección de IUCyL entiende que a la Junta de Castilla y León no le guste el anteproyecto de ley de memoria democrática: los partidos que gobiernan dependen en demasiados Ayuntamientos de una fuerza política que considera que el franquismo era mejor forma de gobierno que la actual democracia y nunca han establecido las premisas antifascistas de las que parten los partidos conservadores del resto de Europa. Ni Ciudadanos ni el Partido Popular han condenado nunca la dictadura franquista.
Seguramente tampoco les gustaron las recomendaciones de Pablo Greifl, relator de las Naciones Unidas, cuando expuso que la represión franquista debería ser estudiada en las escuelas y que referirse a la guerra civil en términos genéricos perpetuaba la idea de una responsabilidad simétrica.
El anteproyecto de ley de memoria democrática es un importante avance sobre la ley de memoria histórica de 2007; ya que permite cambios necesarios en la legislación y el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación que reivindican las víctimas. La equidistancia entre las víctimas y los verdugos es complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el bando franquista.
En España, el general Franco dio un golpe de Estado que, al fracasar, desencadenó una guerra civil contra la República. El triunfo del bando sublevado cristalizó en la dictadura franquista que impuso su visión totalitaria del país. Tras 81 años del triunfo del golpe de estado y cuarenta y tres años de democracia, miles de víctimas de la dictadura permanecen en las cunetas de nuestro territorio.
Lo que el gobierno autonómico debería sentir es vergüenza porque nuestra Comunidad ocupe el primer lugar en el mantenimiento de figuras del franquismo en los callejeros de nuestras ciudades y pueblos: 260 calles y plazas continúan dando nombre a figuras de la dictadura. Lo cual es una afrenta a las víctimas.
La transición en nuestro país no fue tan modélica como se pretende vender, según diversos historiadores entre 1975 y 1983 se produjeron casi 200 asesinatos a manos de fuerzas del orden público y grupos de extrema derecha. Trabajadores y trabajadoras mayoritariamente fueron reprimidos y asesinados por defender la libertad y luchar para conquistar la democracia.
Desde Izquierda Unida Castilla y León consideramos que es responsabilidad de la Junta recordar a las víctimas de la barbarie franquista, derogar la ley autonómica de 2017, reconocer a las víctimas del franquismo en nuestra comunidad y condenar explícitamente la dictadura franquista.
IUCyL valora positivamente la propuesta de un centenar de personalidades, encabezadas por el premio Cervantes Antonio Gamoneda, que se instale un memorial permanente en el Parador de San Marcos de León, a los miles de víctimas franquistas que fueron asesinadas, entre 1.500 y 2.900 murieron por enfermedades o maltrato o fusiladas, torturadas, se calcula que al menos 15.000. Un parador que fue entre 1936 y 1940 uno de los campos de concentración franquista más letales y terribles.
IUCyL propone que la Junta de Castilla y León tome nota de esta iniciativa y la lleve a término en aquellas instalaciones autonómicas en las que se llevó a cabo la represión por parte de quienes se sublevaron contra la Constitución y la legalidad republicana vigente.
