El Ministro de Cooperación, Sr. Fadel Sid, que ha participado por la mañana en un encuentro con cargos públicos de Izquierda Unida, en las Cortes de Castilla y León y, por la tarde, en un acto organizado por el PCCyL en el Ateneo Republicano de Valladolid, ha expuesto en ambos foros la situación por la que pasa el pueblo Saharaui “Cuarenta y dos años después de los sucesos de 1975, que dieron lugar a la diáspora del pueblo saharaui, los campamentos de refugiados nos recuerdan con vergüenza que España tiene una responsabilidad administrativa e histórica, como antigua potencia colonizadora, para con los saharauis que tantos años llevamos esperando volver a nuestra tierra” ha recordado.
“La situación, durante todo este tiempo” Continúa exponiendo el Ministro saharaui, “lejos de solucionarse va agravándose debido a la impunidad con la que el gobierno de Marruecos ningunea los acuerdos y resoluciones de Naciones Unidas (la convocatoria del referéndum de autodeterminación, el respeto por los derechos humanos) y se lanza a la represión de las protestas saharauis sometiéndoles a cada vez más difíciles condiciones de existencia con el fin de diluir el problema del Sahara Occidental en beneficio propio”.
José Sarrión ha declarado que “El Estado español tiene una gran responsabilidad por el abandono al que se ha sometido a este pueblo”. Sarrión. Presente en las dos reuniones, está convencido de que “un pueblo valiente como el saharaui, que lleva varias generaciones de lucha y que, además, le avala la razón y la justicia, es un pueblo llamado a culminar este proceso con una victoria”. Recuerda no obstante las grandes dificultades que se tienen que superar, e insta, por todo esto, “a que pongamos en la agenda el problema del Sahara Occidental con el fin de evitar que el ostracismo y la indiferencia acaben por ser un factor más de exterminio de este pueblo”.
Izquierda Unida ha registrado en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley en la que solicita el cumplimiento de los acuerdos aprobados en Naciones Unidas y que garantizan el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, al igual que insta a la Unión Europea a que respete la legalidad internacional y los tratados que avalan la soberanía e independencia del pueblo saharaui y su territorio, hoy ocupado por Marruecos.
