´Por la reversión de los recortes, la inversión en educación púbica y la derogación de la LOMCE´
Izquierda Unida de Castilla y León llama a la movilización y participación en la Huelga General Educativa, prevista para el 9 de marzo de 2017. La convocatoria supone una consolidación de las convocatorias unitarias en educación que resultan especialmente imprescindibles en estos momentos y una apuesta por la unidad y por la urgencia de alcanzar acuerdos y debates entre la omunidad educativa y los movmientos sociales, para hacer frente, no solo a las ultimas leyes educativas y la política de recortes y desmantelamiento de la red púbica; sino también a la fuerte ofensiva ideológia que están hacindo todos los partidos del régimen al asumir e imponer la estrategia 2020 como base de las discusiones del pacto para el nuevo odelo educativo.
IUCyL, como firme defensor de los derechos sociales,y entre ellos, de la educación pública y universa como condición indispensable para avanzar en la emancipación y la libertad de as personas, así como los derechos de las trabajadoras de toda nuestar capacidad política y comunicativa al servicio de esta convocatoria de huelga general en el sector educativo.
Apostamos por una Red Escolar Pública Únida, de titularidad y gestió pública mediante la supresión progesiva de los conviertos educativos hasta su ompleta desaparición a través de su itegración voluntaria y negoiada en esa red única de centros públicos.
Hemos de visualizar la pérdida de calidad, condiciones y presupuesto que ha ufrido la enseñanza pública estaos años, como parte de la estrategia de gobierno del PP y del PSOE de desmantelamiento de la misma en favor de la concertada-privada. El PP ha consolidado los recortes, que en 2018 serán 10.000 millones de euros menos para la educación. Recortes que se esán orientando a la sustitución del derecho a la edducación por la privatización de los servicios públicos. Hoy el profesorado trabaja más horas y con más alumnos y alumnas. Con tasas de temporalidad que superan el 20%. Y 30.000 docentes menos en la pública; 4.500 en la universidad; 6.000 menos entre el personal de servicios educativos y complementarios; y 3.500 entre el personal de administración y servicios de la universidad.
