IU-Equo reivindica la reversión de la externalizaciones del sistema sanitario de Castilla y León, y la apuesta por un modelo 100% público al servicio de la mayoría social. Para ello, el procurador de IU-Equo ha presentado un conjunto de enmiendas parciales por valor de 46 millones de euros, al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2017.
En total, IU-Equo ha introducido 275 enmiendas parciales por valor de 107.876.714 euros, con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos públicos eliminando externalizaciones y creando empleo público, recuperar las plantillas, mejorar de instalaciones, poner en marcha protocolos y guías de atención sanitaria relacionada con la identidad de género, campañas en los centros de salud en materia de salud sexual y reproductiva, y acciones de prevención y lucha contra del SIDA, entre otros.
En referencia al Proyecto de el Proyecto de Ley Medidas Tributarias y Administrativas del ejecutivo autonómico, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, denuncia la reforma de “tapadilo” de diversas normas y, que en el campo sanitario, en lo referente al Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, dejaría a criterio de la administración la determinación del el número de vacantes en las convocatorias a oposición. IU-Equo defiende que deben ofertarse todas las plazas existentes, exceptuándose los supuestos establecidos en la norma.
Asimismo, reivindica que la colaboración con centros y/o servicios sanitarios de titularidad de entidades privadas con la Red Asistencial Sanitaria de Utilización Pública sea siempre de carácter “excepcional, justificado y motivado”. Puesto que, «el papel de la actividad privada en la prestación de asistencia sanitaria no puede considerarse una situación estable, sino siempre algo excepcional”.
Además, IU-Equo propone limitar la financiación por la colaboración de centros privados, “de modo que no sobrepase los precios públicos establecidos por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León”. “La colaboración puntual de servicios privados nunca debe sobrepasar los costes públicos”.
