La Comisión de Economía y Hacienda del parlamento autonómico ha acogido la comparecencia del representante de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada en las Cortes por Urcayl para que se derogue el apartado de la Ley del Estatuto del Consumidor que obliga a todas las gasolineras a tener personal mientras estén abiertas al público.
Es decir, con esta iniciativa se persigue conseguir una excepción para las cooperativas con respecto a la obligatoriedad de disponer de personal en las estaciones de servicio, debido a su presencia en el medio rural y a la dificultad de contar con personal en los fines de semana y en horario nocturno, aunque sí lo tuvieran durante el horario laboral.
Durante su intervención, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha manifestado el apoyo a esta ley, “como hemos hecho desde el primer momento, desde la primera reunión que tuvimos con los representantes del sector”. “Las gasolineras desatendidas son un ejemplo de cómo vienen empresas enormemente poderosas a desplazar a los productores de aquí, poniendo en cuestión los derechos de las personas con discapacidad y también el futuro del empleo en nuestra tierra”. Celebramos una regulación que lo que plantea, porque pretende potenciar a la pequeña empresa local y defender así el empleo”.
Pero en este sentido, Sarrión puntualiza que deben atenderse dos cuestiones: la demanda de las cooperativas y, la situación de las gasolineras que se encuentran en zonas especialmente despobladas o en zonas de ruralidad profunda.
“Hay zonas que por cuya densidad poblacional, las gasolineras pueden entenderse como un servicio de utilidad pública más que como un negocio”, afirma el procurador. Y, en este sentido, argumenta que una ley que nace para proteger el empleo debe evitar el efecto bumerán que supondría obligar a la contratación en estas zonas rurales, “generando así un peligro para dicho negocio, cuando, en realidad, esta ley nace por una motivación esencialmente urbana”.
Por lo tanto, IU-Equo plantea una excepcionalidad para las zonas rurales, siempre bajo permiso de la Junta de Castilla y León, en la que haya una motivación por baja densidad poblacional, que estén a más de 20 minutos de una gasolinera atendida y que tengan antigüedad de más de dos años. “Creemos que es lo suficientemente restrictiva para que no permita que la excepcionalidad sea tomada de manera general y que sea para proteger los casos muy puntuales que acabamos de describir”.
Durante el debate del Proyecto de Ley de la reforma del Estatuto del Consumidor, IU-Equo presentó y defendió este planteamiento como enmienda parcial, y los grupos parlamentarios de la Cámara la rechazaron.
