Tras un año de su aprobación, las mociones presentadas y defendidas por IU-Equo en sede parlamentaria han caído en “saco roto”. El ejecutivo autonómico “desoye” el acuerdo unánime de la Cámara para impulsar medidas que repercutan de la “forma más justa, solidara, eficaz y eficientemente en la clase trabajadora; ocupados o desempleados.
En este sentido, la Moción aprobada en la Sesión Plenaria del 25 de octubre de 2016 acordó la concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo durante los tres primeros trimestres de cada año. “Estamos a mitad del cuarto trimestre y aún no se han aprobado para este año”. Así como la expedición de los Certificados de Profesionalidad en el plazo máximo de seis meses.
La iniciativa incumple diez puntos. Potenciar, optimizar e incrementar la formación en los Centros de Formación Propios, elaborar un análisis comparativo de las subvenciones FOD y OFI, actualizar y crear una base de satos de expertos docentes, abonar el importe de becas y ayudas al ECyL en materia de transporte, manutención y alojamiento tres meses tras la finalización y orientar y facilitar la incorporación de hombres y mujeres en las profesiones asociadas a un único género, entre otras.
Así mismo, el procurador de IU-Equo denuncia el incumplimiento de otra Moción, la aprobada en sede parlamentaria el 21 de febrero de 2017. En ella se establecía el visto bueno a la puesta en marcha de un Plan Director de Acreditaciones 2017-2020, estudiar la gestión para la tramitación de las acreditaciones profesionales, a fin de una mayor eficiencia y celeridad, y descentralizarla.
También se acordó cometer al informe del Consejo General de Empelo la inclusión de un estudio por el ORE para determinar las cualificaciones que tienen certificado de profesionalidad.
Finalmente, la iniciativa, aprobada con el consenso unánime de los grupos parlamentarios incluía promover y dar mayor visibilidad al formulario de acreditación competencia de la Web de la Junta de Castila y León, y elaborar un Decreto de pago a asesores y evaluadores de los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales independientemente del Decreto 252/1993 de 21 de octubre.
