El procurador de IU-Equo, José Sarrion, ha solicitado la comparecencia del Consejero de Fomento y Medio Ambiente para informar sobre la situación actual del CTR de San Román de la Vega.
Asimismo, ha solicitado, mediante pregunta escrita las explicaciones oportunas sobre la gestión de la instalación, “poco transparente y ajustada a la legalidad”.
En 1997, el BOE publicaba un concurso para la adquisición de terrenos para la ubicación de un Centro de Tratamiento de Residuos (CTR). Tras estudiar las propuestas, se rechazó la ubicación de San Román de la Vega. Tras varios años, en 2001 se toma la decisión de situar la instalación en la zona desestimada; una decisión rodeada de controversia, ante la falta de permisos, la oposición de municipios y vecinos del entorno y con una declaración de Proyecto de Interés Regional.
Dicha declaración se lleva a los tribunales, mientras comienzan las obras de construcción del CTR sin licencia medioambiental y otros permisos. Tras recurrirse las sentencias, el Tribunal Supremo falla en contra de la legalidad de la ubicación del CTR, que determina el cierre de la misma y, que, a día de hoy, no se ha ejecutado.
A estos hechos, señala el procurador de IU-Equo debe sumarse la sentencia que determina el traslado de los residuos almacenados en balas en la finca ‘El Busto’, de Santa María de Páramo al CTR de San Román. “Unos residuos que se vierten directamente al vaso de rechazados a un ritmo vertiginoso y, cuando finaliza dicho traslado, se genera un nuevo problema, las zahorras contaminadas que sirvieron como base a las balas en la finca ‘El Busto’”, apunta Sarrión
La decisión que se adoptó fue el traslado a la finca ‘Los Chavetinas’ en La Bañera. “Un veredero asentado en un valle con corrientes subterráneas de agua muy cercano al pueblo de Santa Elena de Jamuz, sin licencia ni preparación para admitir este tipo de residuos”.
En la actualidad, en abril de 2016, el BOCyL publicita la ampliación del vertedero de San Román de la Vega; y en julio se firma en convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, para la construcción y gestión de un nuevo vaso de rechazos. “Un convenio firmado sin tener resuelto el trámite de información pública y audiencias; además de aparecer, en agosto, vertidos ilegales de residuos hospitalarios en el CTR”
Ante estos hecho, el procurador de IU-Equo interroga al ejecutivo autonómico si se va a proceder a realizar una auditoría ambiental y contable de todas las empresas relacionadas con la instalación, “en aras de la transparencia, en una instalación tan sensible y con implicaciones tan importantes hacia los habitantes de su entorno”.
