IU-Equo insta al ejecutivo autonómico a la puesta en marcha de un conjunto de medidas adicionales para frenar los “considerables” daños al sector agrario y ganadero de Castilla y León, ocasionados por la ausencia de precipitaciones.
En una Proposición No de Ley, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, solicita declarar zona catastrófica a todas las zonas afectadas por la sequía en Castilla y León, a tenor de las estimaciones de la Unión de Campesinos, que adelantan una reducción “sustancial” de la producción agrícola, mayor gasto en los cultivos de regadío y por último, un aumento de los costes en la alimentación animal.
En los antecedentes de la iniciativa se recogen las diversas consecuencias derivadas de la ausencia de lluvias, como la inexistencia de una parte importante de los pastos naturales, “vitales para el desarrollo de la ganadería extensiva”, sustituidas por la adquisición de piensos y forrajes, agua para la alimentación del ganado, “lo que implica una subida en los costes de producción”; escasez de humedad en el subsuelo, que afecta a la superficie de secano sembrada con cereales de invierno; y bajo nivel del agua embalsada.
Para ellos, el procurador de IU-Equo demanda establecer una ayuda económica que compense los gastos sobrevenidos por la sequía, nuevas líneas de préstamos al colectivo agrario, a interés cero; ayudas específicas para sufragar los gastos fijos de las entidades asociativas agrarias y proceder a la peritación de los daños agrarios asegurados, al objeto de agilizar el pago de los siniestros.
IU-Equo también solicita flexibilizar el cumplimiento de las prácticas agrícolas ‘pago verde’, los compromisos de agroambiente y clima, aplicar el principio de flexibilidad en las exigencias del estado vegetativo de los cultivos para la percepción de las ayudas directas de la PAC, y posibilitar el aprovechamiento ganadero, mediante pastoreo o siega, de las superficies sembradas (cereal, leguminosas) cuyo desarrollo vegetativo no haya sido posible por las adversas condiciones climáticas
Finalmente, se solicita una moratoria para la amortización, establecer reducciones fiscales, solicitar la exención de las cotizaciones a la Seguridad Social, por un periodo de doce meses, y crear una mesa de seguimiento sobre la evolución de la sequía, “en la que se analicen los efectos y se estudie la adopción de las medidas que se estimen oportunas”.
