El procurador de IU-Equo Convergencia por Castilla y León, José Sarrión, ha presentado una Proposición No de Ley a la Comisión de Hacienda y Economía solicitando la declaración de Castilla y León como comunidad autónoma opuesta al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).
El TTIP, también conocido como Tratado de Libre Comercio (TLC) tiene por objetivo estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio y la inversión entre EEUU y la Unión Europea; de esta forma se reducen los impuestos en importación y permite la compra de productos extranjeros más baratos. Una actuación un poco “rara”, dado que la Comisión Europea ha reconocido que las relaciones entre los implicados puede considerarse de las más abiertas del mundo. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio cifra las tarifas promedio en el 3,5% para EEUU y 5,2% para la Unión Europea, ha recordado Sarrión.
“Nos encontramos ante la consagración del dominio de las grandes corporaciones transaccionales europeas y norteamericanas en detrimento de los ciudadanos de ambas partes del océano”, ha denunciado el procurador de IU-Equo. “Pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales”.
Uno de los capítulos más “polémicos” es la protección a las inversiones, por la cual, cualquier inversor privado internacional puede “desafiar” ante los tribunales cualquier legislación que interfiera en sus beneficios, ha puntualizado.
Sarrión también ha denunciado la opacidad el nulo debate de las negociaciones, así como las consecuencias de la posible ratificación que generarían políticas que amenazarían los derechos laborales, la pervivencia de los servicios públicos, a gestión de residuos, transporte o saneamiento de aguas; la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el principio de precaución sobre el uso de sustancias químicas, la privacidad persona, el acceso a los productos farmacéuticos, etc.
Finalmente, el procurador de IU-Equo exige que la administración autonómica obtenga el compromiso del gobierno central de rechazar públicamente el TTIP, “en caso de que se incluya la armonización a la baja de las regulaciones de las barreras no arancelarias incluya una cláusula de protección de inversores”.
