Izquierda Unida de Castilla y León ha exigido a la Junta de Castilla y León un conjunto de medidas para intentar frenar el elevado número de contagios y fallecimientos por COVID-19 que se están produciendo en las residencias de ancianos y en los centros para discapacitados de Castilla y León. Desde el inicio de la epidemia, han fallecido ya casi dos mil personas con COVID-19 o síntomas compatibles en alguno de los 1214 centros de este tipo que hay en la Comunidad Autónoma. En este momento son casi 4.000 las personas que han dado positivo en las pruebas de detección del virus.
En concreto, Izquierda Unida reclama que se habiliten centros para proceder al aislamiento de los y las residentes según su grado de contacto con el virus. Propone atender a las personas que hayan enfermado en los centros asistenciales o en las propias residencias medicalizadas y buscar otros alojamientos diferenciados para quienes han dado negativo en las pruebas, para los positivos asintomáticos y para aquellos que han recibido el alta tras la enfermedad. Con el objetivo de conseguir esta separación real de las personas mayores, plantea recurrir a alojamientos públicos y privados que en la actualidad están sin utilizar como hoteles, residencias de estudiantes o edificios religiosos.
Izquierda Unida reclama además a la Junta de Castilla y León que ofrezca datos concretos de fallecidos, enfermos y contagiados asintomáticos en cada una de las residencias, públicas o privadas, de la Comunidad. Estos datos permitirían conocer la situación en todas las residencias con el fin de adoptar las medidas más convenientes.
Izquierda Unida considera imprescindible y urgente realizar pruebas de detección del virus a todas las personas residentes y trabajadoras en estos centros, así como dotarlos de material de protección suficiente y adecuado. Solicita también que se les proporcione la formación necesaria para su manejo con garantías.
Asimismo, insiste en la necesidad de tomar medidas para humanizar las cuarentenas que permitan a los internos mantener el contacto con sus familias a través de dispositivos electrónicos, contribuyendo a paliar en lo posible los sentimientos de soledad y temor que en estos momentos pueden estar afectando a muchos y muchas ancianas.
Izquierda Unida reclama también aumentar la plantilla en las residencias de mayores y personas discapacitadas, realizando nuevas contrataciones que posibiliten disminuir el stress y la sobrecarga laboral del personal profesional de estos centros.
Izquierda Unida considera que estas medidas han de plantearse para responder a esta situación de urgencia, pero subraya que la situación provocada por esta enfermedad ha dejado en evidencia la necesidad de un cambio en la atención a los y las ancianas. Nuestros/as mayores han de poder envejecer manteniendo su dignidad y todos sus derechos intactos, incluido en primer lugar el derecho a la asistencia sanitaria. Desde Izquierda Unida consideran que dicho cambio será posible únicamente mediante un modelo de residencias de preeminencia Pública total, en la Gestión, Atención y Supervisión de las mismas. Solamente atendiendo a criterios de Salud y Bienestar de las personas mayores, apartando el beneficio económico, estarán garantizados los derechos de nuestra población de mayor edad concluyen fuentes de la coalición. Y en este aspecto la formación incide en la necesidad de intervenir directamente en los centros de gestión privada priorizando aquellos que se haya detectado una problemática más urgente.
Considerando estas medidas como prioritarias y la necesidad de aplicarse inmediatamente desde izquierda unida se ha procedido a registrar un documento detallando el desarrollo de las mismas tanto en gerencia territorial de servicios sociales como en Consejería de Sanidad a la espera de recibir respuesta lo antes posible.
