El candidato de Izquierda Unida-Equo Convergencia por Castilla y León a la Presidencia de la Junta, José Sarrión, mantuvo ayer un encuentro con responsables de la Plataforma para la Defensa de lo Público, el colectivo de empleados y empleadas públicos que están planteando la regeneración de la Administración Regional.
En el encuentro, Pladepu planteó las reivindicaciones de este colectivo a la candidatura de IU-Equo con el ruego de que incopore las reivindicaciones de los empleados públicos en la futura actividad parlamentaria.
Precisamente una de las primeras reivindicaciones expresadas fue la modificación del reglamento de las Cortes Generales para que, por un lado, sirva para el control de la acción del Gobierno y, por otro, para canalizar las iniciativas de la sociedad. El candidato José Sarrión informó a los miembros de la Plataforma de que IU-Equo han incluido en su programa electoral el revocatorio de los cargos públicos, como solicitaban, y éstos añadieron la problemática que plantea la actual ley de presentación de Iniciativas Legislativas Populares que excluye, según los representantes de Pladepu, las competencias que el Estatuto concede a Castilla y León.
El candidato de IU-Equo escuchó las reivindicaciones de los representantes de Pladepu, solicitó otra reunión más amplia para concretar las medidas que se exige a una fuerza de izquierdas para mejorar la Administración y recordó “que nuestro programa electoral lleva entre sus medidas prioritarias la recuperación, para el sector público, de todos los servicios privatizados por los Gobiernos de Castilla y León”. También estuvo de acuerdo en acordar cuantas medidas fueran necesarias para dignificar el trabajo de los empleados y empleadas públicos.
Centrándose en la problemática de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno regional, Pladepu plantea quitar el 95% de las libres designaciones para dejar únicamente el nombramiento de los altos cargos. También plantean que las Comisiones de Servicio se anulen y se reorganicen con criterios objetivos las relaciones de puestos de trabajo. Otra de las medidas que piden es que la llamada “Administración B”, el conglomerado de empresas, fundaciones, entes públicos y empresas subcontratadas, se elimine por completo y en su lugar sea la propia administración la que gestione todos los servicios públicos. Quinidio Martínez, de Pladepu, aseguró que “solo la gestión por parte de los empleados públicos garantiza la equidad a la hora de tomar decisiones que afectan a la ciudadanía de nuestra región”. Sara Hernánsanz añadió que la Administración está gastando enormes cantidades de dinero despidiendo a los trabajadores y trabajadoras temporales que han prestado servicio durante años en la Administración, porque están ganando las sentencias en los juzgados “por la imprevisión de un Gobierno que ha llenado de trabajadores temporales las Consejerías por no convocar oposiciones”.
Los compañeros pidieron también una revisión del Plan de Medios de Comunicación, un coladero para subvencionar y, de paso, amordazar, los medios en nuestra Comunidad. También solicitaron más medios para la labor de investigación del Procurador del común.
Por último solicitaron el apoyo de la candidatura en su reivindicación de recuperar todos los derechos perdidos por los empleados y empleadas públicos con motivo de los recortes. “Si es verdad que estamos saliendo de la situación de emergencia que se note tambièn en los trabajadores de la Administración” señalaron.
En definitiva solicitaron que la Administración regional se organize de modo que no sea posible la corrupción, la prepotencia, la impunidad, la falta de profesionalidad y la desmoralización de los trabajadores y trabajadoras públicos en Castilla y León.
