El procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, apunta a la Junta de Castilla y León como culpable en la decisión de la Audiencia Nacional, que ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ministerio de Industria de autorizar el proyecto de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca)
El ejecutivo autonómico tiene una responsabilidad “muy grave” en el asunto, por su premura. Además, es “vergonzoso” que no se escuchara a IUCyL-Equo, “cuando llevamos denunciando este asunto desde verano”.
“Hemos avisado de los defectos en la Declaración de Impacto Ambiental y, que ha motivado que los informes del Ministerio fueran defectuosos, que es lo que ahora investiga la Audiencia Nacional”, puntualiza Sarrión. IUCyL-Equo presentó una PNL en el Parlamento autonómico para la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental, por no contemplar la radioctividad que los residuos producirían en mina y la planta de concentración de uranio. PNL que suscitó el apoyo de toda la oposición de la Cámara.
Asimismo, Sarrión recuerda el “entramado” que existe en el proyecto. “El exconsejero del PP, Manuel Lamela -exnúmero dos de Arias Cañete-, representa a la empresa en la UE. El fichaje se produce semanas antes de someter el proyecto a examen en Europa, con la coincidencia que departamento competente para estudiar el proyecto depende del Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete”.
Además, IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León trasladó, a través de la eurodiputada de IU, Marina Albiol, una pregunta a la Comisión Europea, por la que se solicitaba el informe que aprobaba la construcción de la citada mina, “ya que el documento está clasificado, lo que viola el principio de transparencia”, apunta el procurador de IUCyL, José Sarrión.
El resultado fue la negativa de la empresa Berkley para hacer público el informe; una decisión que fue transmitida a la eurodiputada a través de la Comisión Europea.
“Algo huele a podrido en Retortillo y Berkeley”, ha concluido.
