(Valladolid, 28 de agosto de 2017).- Izquierda Unida de Castilla y León ha reivindicado la necesidad de iniciar un proceso de debate y análisis para reformar y transformar el Protocolo de Protección al menor y la infancia de los Servicios Sociales de la administración autonómica.
Así lo ha expuesto el procurador de IU-Equo, José Sarrión, durante su intervención en la comparecencia de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, donde se ha informado de las actuaciones realizadas por los Servicios de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid en relación a la menor Sara Feraru Muñoz.
Sarrión ha iniciado su exposición lamentado los hechos acaecidos, mostrado el cariño a los familiares de la víctima y deseando no volver a tratar “estos asuntos, porque no vuelvan a producirse”.
Asimismo, ha reiterado que las afirmaciones del ejecutivo autonómico al catalogar de correctas las actuaciones de los técnicos vislumbra un error en el Protocolo. En este sentido, aboga por iniciar un proceso de debate para la reforma y transformación del mismo, con un objetivo triple: “Desburocratización, simplificación y agilización”.
Entre los aspectos preocupantes del caso, IU-Equo remarca que no se tomaran medidas tras el informe del pediatra el 11 de julio, o la ausencia de respuesta a las llamadas de los tíos de la fallecida, el viernes tarde.
“Existe un sistema para evitar situaciones como esta, y ha fallado”, recuerda el procurador, quien reivindica una mayor agilización y aumento de recursos. “¿Cómo existe un servicio de guardia las 24 horas para casos de menores que cometen delitos y no existe uno destinado a la protección a la infancia?”
El procurador de IU-Equo ha querido dejar patente la actuación del profesional médico, “quién actuó con agilidad y eficiencia redactando un informe sobre posible caso de malos tratos a un menor, y su puesta en conocimiento ante la policía”.
Finalmente, IU-Equo reivindica que las investigaciones deben realizarse desde la administración autonómica, y no derivarse a los servicios sociales de base de ayuntamientos y diputaciones, “como viene sucediendo desde hace dos años”. “Dada la enorme complejidad de la Comunidad, y por tener las competencias atribuidas a nivel autonómico, parece razonable que sean quienes las ejecuten. Nos encontramos ante un ejemplo de poca agilidad y burocratización del Protocolo y las acciones”.
