IUCyL propondrá a su grupo parlamentario en el Congreso, Unidas Podemos, una modificación en el articulado del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio para incluir los siguientes ejes fundamentales:
• La recuperación de todos los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado para poder ser gestionados desde el sector público en condiciones favorables para el interés común.
• La agilización de los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos una vez terminado el plazo de concesión
• El expediente de extinción será informado por la Comunidad Autónoma y el Municipio o Municipios en cuyo ámbito territorial radiquen la central hidroeléctrica y las demás infraestructuras que formen parte de ese sistema de explotación hidroeléctrica.
• La administración hidráulica acordará la reversión de las instalaciones del salto hidroeléctrico para su explotación de titularidad pública con criterios de vertebración territorial.
Los beneficios de los saltos hidroeléctricos se destinarán a la restitución económica y social de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas y a otros fines de utilidad pública o interés social de carácter general o para inversión pública directa en construcción de nueva generación renovable.
IUCyL solicitará al Gobierno de España y a las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Ebro toda la información relativa a las condiciones de concesión y posteriores modificaciones de explotación de los saltos de agua y de las centrales hidroeléctricas en Castilla y León.
Desde IUCyL consideramos que el Gobierno de España tendría que estudiar declarar la extinción de los derechos relativos a los aprovechamientos hidroeléctricos de las presas de Castilla y León. Se trata que se tramiten expedientes de reversión al estado de los derechos, bienes e instalaciones conforme vayan finalizando los plazos de las concesiones realizadas a empresas privadas.
Es necesario que se posibilite la explotación directa por parte de la Junta de Castilla y León de las presas mediante el instrumento que se determine legalmente más adecuado pero que garantice su gestión y utilidad pública, teniendo siempre presentes criterios de vertebración territorial y justicia social.
La Junta de Castilla y León debería realizar informes técnicos y jurídicos sobre las posibilidades de asumir la explotación de las concesiones de las sucesivas instalaciones hidroeléctricas ubicadas en nuestra Comunidad que fueran revirtiendo al Estado para agilizar el proceso de hacer públicas dichas instalaciones.
