Por fin después de 10 años del último acuerdo, y estando todavía vigente la muy regresiva ley de 2013 del PP sobre reforma de las pensiones, era imprescindible instar al Gobierno a proponer una nueva normativa de la Seguridad Social que debe pasar necesariamente por la negociación con los Agentes Sociales.
El objetivo de la Red de activistas por la defensa del Sistema Público de Pensiones de IUCyL que la dirección regional de IU comparte plenamente, es que la normativa resultante no sea perjudicial para los intereses de la Clase Trabajadora, sea pensionista o esté en activo, y que se consigan avances que mejoren la calidad de vida, de los y las trabajadoras, en su derecho a una vejez digna.
En este Pacto valoramos como positivo:
– Se afirma que el derecho de los españoles y las españolas a la Seguridad Social viene configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva y se basa en los principios de universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia.
– Se sigue apostando por el sistema de reparto, se insiste en seguir afianzando una relación equilibrada entre el principio de contributividad y de solidaridad. Se sigue manteniendo en 15 años el periodo mínimo de cotización para el acceso a una Pensión Contributiva.
– Plantea de facto una derogación de algún aspecto de la reforma del Partido Popular del 2013 cuando afirma que “La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo” y constata que el mecanismo de revalorización introducido por el Partido Popular no goza de consenso político y social.
Desde IUCyL, en consonancia con las propuestas de la Red de Activistas de IU por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, manifestamos:
Urge la derogación íntegra de la Reforma de 2013 decretada de forma unilateral, sin ningún tipo de pacto ni acuerdo, por el Gobierno del Partido Popular, y de todos los aspectos negativos de la reforma de las Pensiones del 2011. Así mismo, seguimos reivindicando la derogación de las Reformas Laborales del 2010 y del 2012.
Exigimos la revalorización de las pensiones en base al IPC real y su garantía por ley, y la eliminación del Factor de Sostenibilidad.
Queremos el aumento progresivo, y más ambicioso que el planteado, para los próximos presupuestos de las Pensiones Mínimas: en 2021 las contributivas tienen asignadas en presupuestos el 0,9% y las no contributivas el 1,8%; la adecuación de Bases y periodos de cotización de forma progresiva hasta los 25 años nos parece excesiva.
No apoyaremos bajo ningún concepto que se alarguen los años de cotización para tener derecho a la pensión de jubilación por encima del mínimo exigido hoy.
Rechazamos aumentar los periodos de cotización para el cálculo de la pensión a 35 años. En una situación de gran precariedad laboral, como la actual, ampliar el periodo de cálculo supone bajar las pensiones para las generaciones más jóvenes y para la mayoría de las mujeres, que ya han pasado por dos grandes crisis que han sido la excusa para aplicar recortes permitidos por las reformas laborales últimas y alentadas por las políticas económicas de los gobiernos habidos hasta hoy.
Desde Izquierda Unida vamos a seguir luchando por volver a los 65 años como la edad de jubilación, por lo que trabajaremos por la derogación de este punto de la Reforma de las Pensiones de 2011. La edad de jubilación debe ser la misma para todos y todas las trabajadoras, independientemente de que trabajen en el sector público o privado.
No compartimos en absoluto que se trate de motivar con incentivos o complementos a la jubilación el demorarse para acceder a ella, más allá de la edad legal. Tenemos muy claro que sólo aquellas personas con trabajos cómodos y escasamente exigentes se acogerán a este posible retraso.
Rechazamos la propuesta de endurecer la penalización a quienes ejerzan el derecho a la jubilación anticipada. Es preciso que en la próxima ley de reforma se revisen los coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria para evitar o disminuir, en su caso, la penalización de carreras largas de cotización. El paro juvenil y de los sectores de población mayores de 45 y 55 años, especialmente mujeres, no nos permite aceptar retrasar la edad de jubilación ni motivar la permanencia del o la trabajadora más allá de los 65 años.
Rechazamos el apoyo a los Planes Privados de Pensiones, sean de suscripción individual o colectiva. Esta medida contempla mejorar los beneficios fiscales de los planes de empresa y estamos en contra porque supone detraer ingresos de la hacienda pública y del salario directo de los y las trabajadoras. Además, permite la especulación de la banca y las compañías aseguradoras con el salario diferido de los y las trabajadoras, a quienes no se les asegura que el rendimiento de su dinero vaya a ser positivo, sino que servirá para lucrar al sector especulativo. Este tipo de medidas que desde hace años vienen “sugeridas” por diferentes instituciones, envían una señal muy peligrosa y preocupante, porque implica que están más preocupadas por mejorar el negocio privado que por mejorar el sistema público.
No interpretamos ningún sistema complementario como instrumentos de protección social sino como un mecanismo de acumulación de capitales. La nueva reforma no puede permitir más desvíos de dinero público, y menos a un posible fondo de pensiones públicas de empleo, que van a beneficiar el negocio de las diferentes entidades gestoras, principalmente la banca. Lucharemos como hasta ahora para conseguir que este punto no salga adelante en la próxima ley de reforma de las pensiones.
