Izquierda Unida de Castilla y León anima al ejecutivo autonómico a revisar sus afirmaciones en torno a la empresa Berkeley Minera España S.A.
Durante la pasada sesión plenaria, el Presidente invitó al procurador de IU-Equo, José Sarrión a dirigirse a la Fiscalía y a los tribunales por la vía jurisdiccional para denunciar posibles casos de tráfico de influencias. “Una afirmación que deja entrever el escaso conocimiento de los antecedentes y la situación que atraviesa el proyecto y la multinacional”, afirma Sarrion.
De hecho, recuerda el procurador, desde el pasado abril de 2016, la Plataforma Stop Uranio ha interpuesto una demanda en el Juzgado de Instrucción de Ciudad Rodrigo (Salamanca) por presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, y de cohecho.
Querella, susceptible de ser ampliada sí durante el transcurso de la investigación judicial pudieran resultar presuntamente implicados en él directivos otro tipo de personal de a mercantil Berkeley Minera España S.A.
El pasado 26 de octubre de 2011, los ayuntamientos de Villavieja de Yeltes y Retortillo suscribieron un acuerdo con la multinacional australiana. ‘Acuerdo de colaboración entre Berkeley Minera España S.A. y los municipios de la provincia de Salamanca de Retortilo y Villavieja de Yeltes’. A raíz de de dicho documento, se han producido determinadas conductas dentro de las corporaciones firmantes, principalmente del Ayuntamiento de Retortillo.
El texto establece una contribución adicional a los presupuestos del Ayuntamiento, y el compromiso a emitir informes favorables por parte de los servicios jurídicos y técnicos municipales y la tramitación de los expedientes relativos a recalificaciones urbanísticas con carácter general, a conceder las licencias de obra, apertura, actividad, etc; a la aportación o autorización de uso temporal de terrenos de titularidad municipal o bajo su control.
Además, recuerda el procurador, durante el proceso del proyecto se ha procedido a una operación de recalificación y posterior venta de unos terrenos familiares “que produjeron sustanciosos beneficio económicos”, pasando de parcela rustica de uso agrario (secano) a uso rústico excepcional. Así como, la contratación por parte de Berkeley Minera España S.A. a familiares de los denunciados.
Asimismo, la Audiencia Nacional investiga el permiso otorgado a Berkeley Minera España S.A. por el Ministerio de Industria, y Europa si el proyecto cumple con la legislación vigente.
