Izquierda Unida de Castilla y León manifiesta su rechazo a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Jaén contra Andrés Bódalo Pastrana y pide al Gobierno de la nación que le conceda el indulto.
En 2012, tras una mala cosecha, el Sindicato Andaluz de Trabajadores exigió la retirada del requisito de las peonadas y lanzó una campaña de movilización. En dicha actuación participó Andrés Bódalo Pastrana junto a medio centenar de Jornaleros, los cuales se encerraron en la Casa de la Cultura de Jódar para exigir la retirada del requisito de las peonadas y un plan especial de empleo rural. La respuesta del Ayuntamiento de Jódar fue mandar a la Guardia Civil para su desalojo a pesar de las reiteradas peticiones de reunión hechas por los jornaleros al equipo de gobierno de Jódar. Tras el desalojo las jornaleras/os continuaron con la protesta a las puertas del Ayuntamiento donde organizaron una sentada. Con la aparición de algunos concejales del PSOE en la escena de la protesta se produjo un pequeño rifirrafe que en ningún momento pasó a mayores gracias fundamentalmente a que Andrés Bódalo, megáfono en mano, tranquilizó a las personas del SAT que participaban en la protesta tal y como lo demuestran los videos grabados por la Guardia Civil.
Meses después, Bódalo fue denunciado por el PSOE de Jódar por agresión al teniente de alcalde, cuestión negada durante el juicio por decenas de testigos y por el atestado de la Guardia Civil.
En la actualidad, Bódalo cumple condena de tres años y medio de prisión “por defender a las personas más necesitadas”. Su situación empeora por momentos; castigado a permanecer 15 días incomunicado y a tres meses de rehabilitación, no podrá disfrutar de permisos y del tercer grado en enero, tal y como le correspondería por tiempo cumplido en prisión.
“Bódalo, ha sido condenado por defender a las capas populares de su provincia y de Andalucía”, señala el Coordinador de IUCyL, José Sarrión. “Las personas más castigadas, como siempre, fueron y siguen siendo los miles de Jornaleros en la provincia y Andalucía que vivían y viven en una situación de precariedad y pobreza y sometidas unas condiciones laborales de cuasi esclavitud».
IUCyL defiende la actuación del SAT y diferentes colectivos de la sociedad civil, que se organizan para poder frenar toda estas políticas que dañan gravemente el débil “estado del bienestar” y la más débil salud democrática de nuestro país.
