IUCyL critica la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de privatizar las pruebas PCR del primer trimestre del curso 2020-21 por 741.000€ y considera que ese dinero debería haberse dedicado a la contratación de personal para el SACyL.
IUCyL no entiende que la Consejería de Educación adjudique a Cualtis (428.169 euros) y Quirón prevención (313.031 Euros) la realización de pruebas PCR a los alumnos, docentes y sus contactos en caso de detectarse síntomas de Coronavirus en las aulas de la Comunidad Autónoma en este primer trimestre del curso. Y considera que no tiene sentido privatizar la realización de pruebas PCR a empresas que no tienen la solvencia ni la capacidad que tiene el sistema público de salud. Además, se tienen que ceder datos confidenciales a empresas, cuando perfectamente se podría dedicar dicho presupuesto a la contratación personal para la realización de pruebas PCR al profesorado y al alumnado de educación y gestionar esos datos confidenciales dentro del sistema público de salud.
El problema fundamental del sistema sanitario de Castilla y León es la falta de atención y de presupuesto del sistema sanitario de atención primaria que está infradotado y colapsado debido a la pandemia del COVID-19 y eso es responsabilidad exclusiva de la Junta de Castilla y León que lleva años recortando en Sanidad y Educación públicas.
El seguimiento de la enfermedad en caso de producirse un positivo por COVID-19 entre el profesorado y el alumnado tendrá que realizarse por parte de los pediatras o los médicos de familia. Así que no se entiende que la realización de las pruebas no se realice en los mismos centros de salud que van a tener que acompañar y tratar a quienes den positivo salvo por la voluntad de la Junta de dar dinero público a la Sanidad Privada.
Desde IUCyL nos hacemos eco de la denuncia pública realizada por STECyL al aparecer anuncios por parte de los Colegios profesionales de enfermería para la contratación por parte de las empresas que habían sido adjudicadas para llevar a cabo la prueba en el ámbito privado, pero con recursos públicos. Las condiciones de contratación de estas empresas están por debajo de las condiciones del SACyL, lo que genera beneficios para las empresas que se van a encargar de la realización de pruebas COVID-19 en Educación, pero quienes padezcan la enfermedad serán tratados en la sanidad pública.
