La pandemia mundial por COVID-19, con 134 millones de personas infectadas y varios millones de muertos es la crisis de mayor impacto sanitario y social del último siglo.
La obtención de una vacuna viable y efectiva para proteger en el menor tiempo posible al mayor número de población en todo el planeta se ha convertido en la estrategia prioritaria para abordarla, si bien la falta de vacunas contra la covid es ya un gran problema a nivel mundial.
Un problema que afecta especialmente a las zonas más pobres del mundo. Países de renta baja o en conflicto que no tienen la capacidad de realizar contratos con las farmacéuticas para disponer de las vacunas, produciendo así una discriminación en el acceso a la salud marcada por su capacidad económica y no por la necesidad o afectación de la pandemia.
Las empresas farmacéuticas han mantenido su práctica de control estricto sobre los derechos de propiedad intelectual y monopolio sobre vacunas y tratamientos, a pesar de la gran inversión pública en investigación básica y aplicada para su desarrollo sin la cual hubiera sido imposible su desarrollo.
IUCyL insta a la Junta de Castilla y León a que no pierda más tiempo a merced de la industria farmacéutica, que sigue con su negocio lucrativo y fijando altos precios, incluso en plena pandemia y exija un cambio en las multinacionales posicionándose a favor de la salud global.
La estrategia Covax, promovida también por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), y la Alianza Global para las Vacunas (Gavi), para suministrar vacunas a los países de rentas más bajas también se está demostrando que no es suficiente debido al acaparamiento de las vacunas de los países ricos.
Por ello están surgiendo numerosas iniciativas civiles que buscan liberalizar las patentes para permitir su acceso a la población mundial. La Iniciativa Ciudadana Europea #Right2Cure es una de ellas aunque no la única. Esta iniciativa impulsada en España por sindicatos como CCOO y UGT, organizaciones sanitarias como Medicus Mundi, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Asociación por el acceso a Medicamentos Justos, Plataforma de afectados por la Hepatitis C o Farmamundi, y multitud de científicos y expertos.
La OMS ha apoyado todas estas iniciativas e incluso creó un mecanismo voluntario para compartir la tecnología que a día de hoy no está funcionando.
En los próximos meses, los gobiernos se reunirán en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para revisar una solicitud presentada por India y Sudáfrica en octubre de 2020 que propone suprimir las patentes sobre las vacunas, tratamientos y medicamentos de la COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta lograr la inmunidad mundial. El objetivo, que todas las herramientas médicas para vencer a la COVID-19 estén disponibles y sean asequibles para todas las personas en todo el mundo.
Es por ello que Izquierda Unida de Castilla y León solicita que la Junta de Castilla y León se manifieste a favor del Derecho a la Salud como un derecho prioritario, anteponiendo su garantía al beneficio privado; por lo que las vacunas y los tratamientos contra las pandemias deben considerarse un bien público de acceso universal, por lo que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no deben dificultar la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier vacuna o tratamiento para la COVID-19.
Izquierda Unida de Castilla y León también expondrá ante el Gobierno de España la posición de la organización política que se basa en manifestar clara y explícitamente su apoyo a la exención de patentes de vacunas COVID y promover y defender por todos los medios dicha exención en todos los organismos europeos y mundiales.
