En IUCyL continuamos preocupados por la situación de algunas residencias de mayores de nuestra Comunidad Autónoma, que han vivido un episodio lamentable para las personas residentes, sus familiares, las trabajadoras y la sociedad en general.
La ciudadanía de Castilla y León no entiende por qué la Junta no ha tenido una actitud más activa y ágil en la atención y medicalización de estos centros privados y porque continua sin facilitar información sobre donde se producen los fallecimientos de ancianas y ancianos y la cantidad que ha habido en cada una de las Residencias. Información que sí se da sobre los centros públicos.
Consideramos que el cuidado de nuestras personas mayores debe ser un trabajo digno y esencial, un bien común no mercantilizado ni sujeto a lucro económico. Sin embargo, el 98% de los 1239 centros de Castilla y León son privados, aunque reciben parte de sus ingresos de fondos públicos a través de la concertación de plazas, que tienen que estar registradas y autorizadas por la Administración autonómica. Algunas de estas residencias privadas tenían carencias de personal, ahorraban en material básico y mantenimiento, reducían la calidad de servicios y degradaban la atención y las condiciones higiénicas y de alimentación de las personas mayores.
IUCyL considera que se debe investigar las responsabilidades en este modelo de residencia privada que se ha mostrado socialmente ineficiente e inhumano y cómo ha podido pasar semejante catástrofe en algunas de estas Residencias privadas.
Es por ello que Izquierda Unida de Castilla y León hemos presentado una denuncia a la Fiscalía provincial de Palencia para que se investigue las actuaciones llevadas a cabo en la Residencia de San Bernabé y San Antolín de Palencia.
“Desde IUCyL se denuncia que el caos producido en esa Residencia, la falta de información a las familias sobre el estado de salud de las personas residentes y la negativa de la dirección de la Residencia a realizar pruebas diagnósticas a las personas residentes que habían estado en contacto incluso con personas fallecidas por COVID-19 así como a que las personas enfermas fueran hospitalizadas, pudiera haber provocado o acelerado el fallecimiento de algunas de las personas residentes”.
También denunciamos a la Fiscalía la tardía respuesta de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, más preocupada por “telefonear” a la directora para que no asustara a las familias que por solucionar de verdad el grave problema sanitario existente en la Residencia.
Denunciamos igualmente la tardanza en dotar a todo el personal de la Residencia de los equipos de protección adecuados para evitar ser fuente de transmisión del virus a esta población sensible, a sus familiares y a los propios trabajadores.
IUCyL considera que, tales hechos revisten indiciariamente los caracteres del delito de homicidio imprudente, tipificado y penado en los artículos 142 y relacionados del Código Penal.
