Hace 20 años, había 91.800 alumnos y alumnas en escuelas rurales en toda España. Durante el curso 2015 2016 su escolarizaron disminuyó hasta los 75.664 alumnos y alumnas en centros rurales en España, lo que representa un 17.57% del total del alumnado matriculado en estas enseñanzas, según los datos de Consejo Escolar del Estado. En Castilla y León de los 21.425 niños y niñas de 3 a 11 años que empezaron el curso en septiembre de 2007, quedan apenas 15.213 este curso 2018, lo que supone una pérdida del 29,8%.
La despoblación de las localidades pequeñas ya no es el único gran enemigo de este tipo de centros, pues a ello se le ha unido la crisis y los recortes presupuestarios que llegan con ella y que hacen temer a docentes y familias de pueblos por un modelo de escuelas pequeñas en las que alumnos y alumnas de infantil a secundaria comparten aula y profesorado.
Empieza a calar en determinadas políticas públicas educativas que hay que ir abandonando la escuela rural progresivamente porque, según éstas, supone «falta de igualdad de oportunidades; imposibilidad de socialización con otros alumnos de su misma edad; falta de atención, al estar agrupados en un mismo espacio alumnos con distintos niveles y falta de los medios». Sin embargo, los expertos y expertas en educación rural, muy al contrario, afirman que las escuelas rurales no solo suponen uno de los mecanismos fundamentales para combatir el desarraigo social y cultural, sino que exigen una educación inclusiva, donde el alumnado de ciclos inferiores es apoyado por el alumnado de cursos superiores, se trabaja en grupo y se aprende a cooperar. La escuela rural, insisten, obliga a repensar el sistema educativo para adaptarlo a las necesidades de un alumnado diverso y no al revés, como suele ser lo habitual. La socialización y la convivencia se hace global e intergeneracional y no únicamente con los de la misma edad, algo que deberíamos aprender a plantear en el resto de los centros educativos. Es decir, que debería ser un ejemplo y modelo de cómo plantear la educación en el sistema educativo.
Al contrario de lo que dicen esas voces agoreras contra la escuela rural, ésta fomenta la convivencia de distintas edades en el mismo espacio, potenciando así la solidaridad y la igualdad, donde los peques ven en los mayores buenos referentes como compañeros y compañeras, amigas y protectores, fomentando el respeto mutuo. En la escuela rural se lleva a cabo una educación global adecuada a los tiempos y a su entorno, con grupos de alumnos y alumnas que permiten personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como una evaluación integral. La relación con el entorno permite favorece la experimentación y la pedagogía activa. Favorece la integración del alumnado con el medio en el que vive.
Es cierto que desde las Administraciones se debería equipar mejor a los centros rurales si hay una apuesta clara por su pervivencia, con buenos recursos técnicos y humanos adecuados a esas edades, pero para eso se necesitan políticas públicas educativas de inversión con criterios pedagógicos, y no solo económicos. Pero debemos pensar que además del profesorado, las escuelas rurales cuentan con la ventaja de una extraordinaria colaboración de las familias. La implicación de la comunidad educativa y de todos los vecinos y las vecinas, al ser zonas rurales, supone un valor añadido impagable.
Por eso, la defensa de las aulas rurales es, para IU, la defensa de la Educación Pública y, a su vez, la defensa de decenas de pequeños municipios de la región que ahora ven como sus más pequeños alumnos y alumnas cruzan la calle para ir a la escuela y que si desaparecen las escuelas de sus pueblos tendrán que hacer decenas de kilómetros para terminar en centros alejados de sus núcleos familiares y de convivencia. El cierre de centros unitarios es un atentado contra las zonas rurales, porque cuando un pueblo sufre el cierre de un colegio comienza su decadencia. Si en 2007 había en funcionamiento 200 CRA en Castilla y León, ahora la red es de 182 y, si hace algo más de diez años daban servicio a 845 localidades, hoy atienden a niños y niñas de 584, según los datos facilitados por la Consejería de Educación de CyL.
Además, desde IU entendemos que cerrar escuelas rurales responde, única y exclusivamente, a buscar un ahorro a costa de la educación y seguir laminando la escuela pública en lo que es ya, claramente, un plan preestablecido. Una vez más, a la hora de tomar decisiones sobre las cuestiones que más afectan a la ciudadanía solo se pone en la balanza los números y el dinero.
