En las últimas semanas hemos visto con expectación cómo se ha reactivado el movimiento “Educación inclusiva sí, Educación Especial también”, hecho provocado por la aprobación del proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) y más concretamente con lo dicho en su Disposición adicional cuarta:
“Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno, alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Art. 74 de esta ley. El gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2. e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.”
Como punto de partida la inclusión ha de ser concebida como un proceso de cambio, a través del cual se generan nuevos contextos en los que todos participan, aprenden y se desarrollen, haciendo mayor hincapié en aquellas personas más vulnerables.
La educación del alumnado y la escuela han de ser inclusivas, lo que implica, no solo escolarizar en un centro ordinario, sino que en este la participación y aprendizaje de todos sea posible. Y, si su necesidad lo requiere, que puedan ser escolarizados en un centro de Educación especial. No se trata de integrar sino de incluir y para incluir hay que pensar en todos, repensar las estructuras, contenidos, metodologías; lo cual, la experiencia demuestra que suele ser más beneficioso para la sociedad.
También la educación inclusiva ha de serlo por Derecho, un Derecho reconocido a todo nuestro alumnado tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional tenemos como referencia la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y ratificada por España en 2008. En cuyo artículo 24 dice: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación”.
En el ámbito de legislación educativa, la Ley Orgánica de Educación de 2006, tenía como el principio de inclusión como uno de los principios fundamentales. Y en Castilla y León, el Decreto 26/2016 que regula la Educación Primaria en nuestra comunidad en su art.3. Principios generales señala en su punto 4: “La educación inclusiva orientará la respuesta educativa del alumnado en esta etapa.”
Por otro lado, la diversidad se acepta y se normaliza al convivir con ella. En este sentido, el foco no lo pondríamos en las personas que normalmente denominamos “con discapacidad” sino al resto; ya que para que la inclusión sea posible tenemos que cambiar nuestra mirada. ¿No creen que un adulto será más respetuoso, afectuoso y tratará como un igual a una persona diferente si aprende a vivir desde pequeño con la diferencia?
Los centros ordinarios no están preparados para este proceso, lo que hace que sea un gran reto repensarlos, no solo desde una mayor inversión sino también en pensarlos de otra manera, cambiando la forma de mirar desde la inclusión y creyéndola posible. Para ello será necesaria formación, eliminación de barreras de participación y aprendizaje, compromiso y también recursos.
Las medidas que consideramos fundamentales para que haya una mayor atención hacia el alumnado más vulnerable son las siguientes:
• Reducción de las ratios.
• Garantizar la autonomía de los centros más que nunca.
• La posibilidad de organizar los centros, flexibilizando, espacios, agrupamientos no sólo por edad, horario…
• Se hace necesario incentivar, formar y motivar al trabajo docente como equipo de trabajo y no como células aisladas dentro del sistema escolar.
• Plantear escuelas abiertas inserción de nuevos profesionales que puedan atender a las diferentes necesidades, así enfermeras y enfermeros, auxiliares técnicos educativos, fisioterapeutas… y sobretodo la apertura de los centros a las familias desde la colaboración y recogiendo las experiencias que juntos se puedan crear.
• El desarrollo de metodologías activas y diversas creando personas críticas y empáticas que garanticen la adaptación del currículo y el entorno escolar a cada niño y niña, garantizando que a través de la diferencia existan objetivos comunes y que esos objetivos sean para cada niño y niña según su potencialidad.
• Supresión progresiva de los conciertos con la escuela privada e integración progresiva en una red pública única
Desde IU pensamos que al igual que los centros ordinarios, los centros de Educación Especial deben permanecer abiertos y experimentar un proceso de transformación, repensando su organización, sus estructuras, metodologías, y aumentar su plantilla. La apertura y conexión entre estos centros es clave para la inclusión de todo el alumnado, especialmente el más vulnerable y la valoración social de la diversidad como riqueza y oportunidad. Se ha de dar una buena red de comunicación y cooperación y seguir potenciando la red pública a su máxima potencia.
