Sarrión admite que esta iniciativa es insuficiente, pero necesaria “Nosostros apostamos por blindar en la Constitución Española el núcleo de derechos fundamentales la protección que queremos en materia de pensiones. La revalorización con el IPC es uno sólo de los factores” ha declarado.
El Partido Popular y Ciudadanos han tumbado la propuesta para garantizar la revalorización de las pensiones en la Constitución. La abstención del PSOE y su puesta de perfil sobre este asunto clave demuestra también la tibieza de este partido a la hora de blindar derechos en la Carta Magna.
El art. 50 de la Constitución Española dispone que los poderes públicos deben garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de la ciudadanía cuando llegan a la edad de jubilación.
“La realidad” afirma José Sarrión” y debido a la pérdida de poder adquisitivo por la insuficiente actualización de las pensiones, es que la actual redacción de este artículo se ha demostrado como insuficiente para garantizar un sistema público de pensiones que atienda a la ciudadanía según el principio de suficiencia económica” continúa exponiendo Sarrión “es necesario un cambio en este artículo 50 que garantice, no solamente el hecho de la actualización, sino la cuantía de ésta para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones”
En Castilla y León casi la mitad de las pensiones, de un total de 610.000, son inferiores a los 650 euros y más del 80% de las mujeres jubiladas perciben una pensión también inferior a esa cifra.
La legislación ha establecido un principio de revalorización de las pensiones que si bien se ajusta al principio de actualización periódica no garantiza el de suficiencia económica al ser esta actualización deficitaria para evitar la pérdida de poder adquisitivo de dichas pensiones.
“Nuestro sistema de pensiones es sostenible y viable. Hasta 2011 hubo superávit. Las afirmaciones acerca de la insostenibilidad del sistema son falsas, es un argumento ideológico que persigue debilitar la confianza en el sistema con un fin claro, su privatización” denuncia Sarrión.
La perversa insinuación de que la suficiencia económica de las pensiones se logre mediante sistemas privados de pensiones adicionales, atenta contra lo que expresamente señalan el art. 50 y el art. 9 de la CE., una insinuación ésta que se opone a la lógica del texto constitucional.
