La propuesta dirigida a evitar la instalación de una macrogranja de 20.000 cabezas de vacuno, un modelo de producción intensiva que lejos de generar empleo, fijar población y garantizar riqueza para la zona, busca servir para satisfacer las necesidades de materias primas de las multinacionales del sector de la alimentación.
José Sarrión expone que “creemos que no es el camino para luchar contra la despoblación ni contra la falta de desarrollo económico en las comarcas de Castilla y León, planteamos la ganadería extensiva, menos lucrativa para las grandes multinacionales, muy rentables para los pequeños ganaderos. Competir desde una ganadería familiar, sostenible y pequeña, contra la gran industria láctea, con la sola herramienta de la lógica del mercado, es condenar a los ganaderos y ganaderas de esta región a la desaparición”
Según estimaciones realizadas por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la instalación de esta macro-vaquería vendría a sustituir a 432 explotaciones de su entorno (un tercio del total de explotaciones de Castilla y León) o, lo que es lo mismo, a destruir 726 puestos de trabajo directos en el medio rural. La producción de estas 20.000 vacas supondría el 28 % del total de la leche que se recoge en la actualidad en nuestra Comunidad.
“Desde el fin de las cuotas lácteas en abril del 2015, han desaparecido 2.000 explotaciones en nuestro país, incapaces de soportar unos precios en origen por debajo de los costes de producción”. Ha explicado Sarrión.
El impacto medioambiental de una granja de esta magnitud sería el equivalente a los residuos generados por 4.4 millones de personas, casi el doble de los habitantes de Castilla y León. Para sacar dichos residuos serían necesarias diariamente 200 cubas de 10.000 litros, lo que generaría a corto y medio plazo la contaminación de los acuíferos de toda la zona.
Sarrión explica que “Son igualmente preocupantes los riesgos que la enorme concentración de animales en una misma explotación conllevaría para el status sanitario de la cabaña ganadera de nuestra comunidad, ya que las consecuencias de una hipotética epidemia o zoonosis tendría gravísimas repercusiones económicas y comerciales, tanto para el conjunto de los ganaderos como para los presupuestos de la Administración autonómica”.
“No debe de olvidar la Junta de Castilla y León” concluye Sarrión “que son las pequeñas y medianas explotaciones familiares las que luchan contra la despoblación de nuestras zonas rurales y garantizan la producción de alimentos de calidad.
