La segunda sesión de comparecencias en la Comisión de Investigación del Hospital Universitario de Burgos, tras la intervención del pasado viernes del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha contado con la presencia de los exconsejeros de Sanidad, César Antón y Francisco Javier Álvarez Guisasola. Ambos se han enfrentado a las preguntas de los grupos parlamentarios.
El orden del día de la comisión recogió la comparecencia de Antón primero para informar sobre el estudio previo a la licitación, el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato de concesión y la modificación del proyecto de ejecución de la obra del hospital burgalés. A continuación, Álvarez Guisasola explicó la modificación del proyecto de ejecución de la obra y del plan de equipamiento y montaje del centro asistencial.
El exconsejero de Sanidad César Antón calificó de “correcta y adecuada” la decisión política de construir un nuevo hospital en Burgos por el modelo concesional para contar con un centro de calidad en el menor tiempo posible, aseguró que el procedimiento ha sido “impecable” desde el punto de vista legal, sin recibir ningún recurso judicial en todo el trámite administrativo, y negó que haya existido algún trato de favor hacia alguna empresa, donde se mostró convencido de la adjudicación a la “oferta más ventajosa”.
El exconsejero detalló la tramitación que culminó en 2005 -agosto salieron a licitación las ocho ofertas presentadas-, en la que defendió en todo momento su legalidad, que no cuestionó el procurador de IUCyL-Equo, José Sarrión, que sí se centró, en particular, en censurar el modelo concesional. Sarrión manifestó sus dudas de las “bondades” del mismo y si tiene el resultado que dice la Junta. “Sus bondades han estimado un aumento en el coste” y subrayó el coste de 1.010 millones previsto en 2036 -vigencia del contrato- a los 1.667 actuales.
Además, Sarrión se interesó en por qué se dio el contrato a Eficanza, cuando estudios técnicos la veían “temeraria”, y el exconsejero se remitió a la Mesa de Contratación.
En el turno del exconsejero de Sanidad Francisco Javier Álvarez Guisasola, este defendió la legalidad y legitimidad del modificado de obra y equipamiento en el Hospital Universitario de Burgos para atender las nuevas necesidades asistenciales y de los profesionales y admitió que eran conscientes de que ello supondría un retraso y reconoció cruces de “escritos no muy amables” entre su departamento y la concesionaria para pedir aclaraciones.
Durante su intervención, el procurador de IUCyL-Equo manifestó que el primer modificado tenía un coste a la larga que no se conoce por la ciudadanía, señaló que el modelo de obra se tenía que haber previsto, incidió en que el retraso de la obra se produce desde los primeros meses de inicio y sí se valoró una sanción a la empresa.
Sarrión fue el procurador que más incidió en el retraso de una obra, cuya conclusión estaba prevista para finales de 2011 y se entregó seis meses después, convencido de que hubo más que flexibilidad y que se tenía que haber sancionado a la empresa o revertido el contrato.
