El pasado 4 de septiembre de 2015, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, anunció en sede parlamentaria la modificación de la orden que regula las ayudas por desplazamiento para recibir asistencia, cuya revisión se centraría en los usuarios con menores niveles de renta y en grupos con necesidades de acompañamiento como niños, personas con discapacidad o dependencia. “Un año después su compromiso es un brindis al sol”, denuncia el procurador de IU-Equo, José Sarrión.
Durante la presentación del programa de legislatura en materia sanitaria, Sarrión, acudió a la comisión junto a Aimar y su familia. Un niño de 13 años, desplazado de su lugar de residencia, con una situación de discapacidad del 99% e ingresado en un centro hospitalario siete días, que debería haber percibido 152,80 euros, en lugar de 13 euros.
Tras escuchar las explicaciones de la familia de Aimar, el consejero “realizó ese anuncio que, a día de hoy, no se ha producido”, apunta el procurador. “Iniciado el tercer trimestre, el compromiso público adquirido por la Junta de Castilla y León no se ha cumplido”, denuncia el procurador. “Un hecho que demuestra la preocupación real del ejecutivo”.
Asimismo, Sarrión, ha manifestado su indignación ante la falta de actuación en la tramitación de las iniciativas en la comisión de Sanidad.
El pasado 2 de septiembre de 2015, Sarrión presentó una iniciativa ante la Comisión de Sanidad para instar a la Junta a modificar la Orden SAN/2013/2013 que regula las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para los usuarios de la sanidad de Castilla y León que se desplacen con fines asistenciales.; así como, mientras se produce dicha modificación, se produzcan los cálculos y abonos correctos a los pacientes que sean beneficiarios de dichas ayudas.
Una reivindicación que se unía a la petición –pregunta escrita- de reclamación de la revisión la orden de ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento por derivaciones asistenciales, tras el caso de la familia de Aimar.
El resultado de la iniciativa señaló un error de cálculo del ejecutivo autonómico, quien procedió a la revisión de oficio.
