El procurador de IU-Equo, José Sarrión, ha reclamado al ejecutivo autonómico que actúe sobre el expediente sancionador del Ayuntamiento de Retortillo a la compañía australiana, Berkeley, ante una “oscuridad más en el proyecto de mina de uranio”.
Durante la sesión plenaria, Sarrión ha recordado que en octubre de 2016 la empresa Berkeley Minera España S.L. acometió unas obras de desvío de la carretera comarcal SA-322 y la construcción de una balsa, sin tener la oportuna Autorización de uso previa a la Licencia Urbanística.
Ante esas irregularidades, apunta el procurador, el 17 de febrero de 2017 el Ayuntamiento de Retortillo acordó abrir expediente sancionador a la empresa Berkeley Minera España S.L. por actuación al margen de la legalidad urbanística.
Transcurrido un año desde la apertura de ese expediente “desconocemos el resultado del mismo”, teniendo la obligación el Ayuntamiento de notificar la resolución del expediente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (art. 120.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León). El Ayuntamiento de Retortillo aseguró que “carece de los medios humanos necesarios para poder iniciar y tramitar” dichos expedientes. Según la Junta, en julio de 2017 el Servicio Territorial recordó al Ayuntamiento las previsiones contenidas en el artículo 366 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León sobre la actuación de la Diputación Provincial en los supuestos de insuficiencia de medios, solicitando informe sobre todas las actuaciones que se llevasen a cabo en el seno de dichos expedientes. Ante la ausencia de respuesta, con fecha 11 de diciembre, la Junta asegura que reiteró al Ayuntamiento lo dispuesto en el mencionado artículo 366 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y se requirió para que informara, en un plazo máximo de 10 días, sobre todas las acusaciones llevadas a cabo y específicamente, si el expediente sancionador ha sido o no resuelto.
IU-Equo ha mostrado su “extrema preocupación” por unos hechos que han supuesto “el destrozo de 2.000 encinas sin contar con los permisos. Algo enormemente grave, y ante lo cual, el ayuntamiento de Retortillo argumenta una excusa para no sancionar”, señala Sarrión. Un equipo de gobierno, ha recordado, “se encuentra denunciado porque ha podido beneficiarse directamente del proyecto”.
Sarrión ha asegurado que se trata de una “oscuridad más de un proyecto sobre el que aseguró existe permisividad por parte de la Junta y complicidad, por parte del Consistorio”.
Asimismo, ha recordado que más de 5.000 personas se manifestaron en las calles. “en contra de un proyecto cada vez más irracional y contrario a os intereses de la agricultura, ganadería e intereses de la ciudadanía”.
