El Pleno de las Cortes de Castilla y León tumba las 17 enmiendas parciales de IU-Equo al Proyecto de Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.
El procurador de IU-Equo, José Sarrión, pone en evidencia una Ley “redundante, que ha sido pervertida durante su tramitación parlamentaria y carente de un debate en profundidad”.
Las enmiendas tenían por objetivo establecer que la investigación sea objeto del Procurador del Común en lugar de la propia Administración; investigar todo tipo de delitos – trabajadores, abuso de poder o de superioridad-, no sólo contra la Administración pública, y sancionar con grado máximo a quienes repriman o traten de reprimir a informantes.
La formación política ha propuesto que la investigación sea llevada a cabo por el Comisionado de Transparencia, dependiente del Procurador del Común, en lugar del Servicio de Inspección de la Junta. “Parece lógico que quien investigue a altos cargos de la Junta sea una institución de control independiente de la misma, en lugar de un departamento dependiente de la misma como propone el PP. ¿Quién vigila a los vigilantes?, ha cuestionado.
Del mismo modo, Sarrión ha manifestado su preocupación ante la amenaza que esta norma supone para el funcionario y ha señalado que debería suprimirse de la propuesta del PP de considerar falta grave la presentación de informaciones cuando de las actuaciones llevadas a cabo se derive su falta de fundamento. “Nos parece que esta propuesta inutiliza esta Ley y le da la vuelta, convirtiendo al informante en investigado. El ordenamiento jurídico español ya sanciona la acusación y denuncia falsas”.
Y en el mismo sentido se ha pronunciado sobre las garantías de protección del informante. El procurador ha demandado que no se terminen con el procedimiento. Y en el caso de que se produzca cualquier modificación de las condiciones de trabajo del informante tras su denuncia, poder solicitar su traslado, estableciendo un período de dos años siguientes a la comunicación de la información.
Finalmente, Sarrión ha exigido castigar con máxima sanción a cualquier acto de represalia o discriminación que se realice en perjuicio de la persona que ha comunicado información, y que sea consecuencia de dicha comunicación.
