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25 de Febrero: Día del Estatuto de Castilla y León / Artículo de Opinión de José Sarrión, portavoz de Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León.
La noche de las pasadas elecciones autonómicas en Castilla y León, la noticia corrió como un reguero de pólvora: el PP había perdido la mayoría absoluta. Meses después, sin embargo, el rodillo parlamentario permanece con la misma alegría de los últimos veinte años. ¿La razón? Una mezcla entre un modelo electoral y un reglamento de las Cortes que, combinados, son capaces de corromper el mandato que el electorado dictó en las urnas.
Veamos los datos. El Partido Popular obtuvo 514.301 votos. La suma de los demás partidos presentes en la cámara da lugar a 734.696 votos. Es decir, que la oposición suma 220.395 votos más que el Gobierno. Y, sin embargo, encontramos sistemáticamente cómo el Gobierno tumba una y otra vez las iniciativas de la oposición, aún cuando éstas cuentan con el apoyo unánime de todos los grupos que componen la misma, y por tanto con una mayoría de votos.
En suma, lo que observamos es que la mayoría social expresada en las urnas no se corresponde con la correlación entre Procuradores, lo cual es producto de un sistema electoral esencialmente injusto y nada proporcional. Pues Gobierno y Oposición, con una diferencia de más de 200.000 votos a favor de la segunda, resultan estar empatados en la Cámara. Lo cual, dado que las iniciativas parlamentarias necesitan la mitad más uno de los parlamentarios, significa que una minoría en votos está funcionando como mayoría ilegítimamente.
Izquierda Unida – Equo hemos propuesto una propuesta de reforma del Reglamento muy sencilla que permitiría un importante avance: que en los casos de empate en la Cámara, para dirimirlos se tenga en cuenta la representación proporcional de votos por cada Grupo Parlamentario. Una reforma compatible con nuestro sistema legal español y muy simple, que se puede aprobar con enorme rapidez y que permitiría desde el día 1 un sistema mucho más representativo que el actual.
No es la única medida posible. Vamos a proponer una reforma del reglamento para que el tejido asociativo pueda expresarse en la Cámara en condiciones de igualdad a la de un parlamentario. Así, por ejemplo, ¿por qué fenómeno cercano a la transubstanciación estoy yo más capacitado para defender una iniciativa sobre la carencias de ambulancias en Piedrahita (Ávila), que sus propios usuarios y trabajadores organizados en una plataforma? ¿o por qué no iban a poder los médicos de la Plataforma Sanidad Pública Sí de Burgos formar parte de la Comisión de investigación del Hospital de Burgos, o los profesores del Foro por la Educación en Castilla y León debatir acerca de los recientes recortes en I+D en nuestra Comunidad? La pluralidad de la sociedad debe ensanchar los esclerotizados canales parlamentarios.
Es más: la participación democrática no debe restringirse a la Cámara. Creemos que el siglo XXI será el siglo de la Democracia Participativa, y por tanto creemos que hay que empezar a dar los pasos hacia ello. Eso significa comenzar a vertebrar mecanismos por los que los propios ciudadanos tomen decisiones en política. Por ejemplo, que las medidas centrales de cada Consejería sean sometidas a consulta social, para obligar al Gobierno a convencer a la ciudadanía de sus decisiones centrales, y dar la oportunidad a la oposición de ofrecer alternativas. O que, barrio a barrio y pueblo a pueblo, potenciemos que los vecinos vayan decidiendo participativamente acerca de los presupuestos municipales.
Sabemos que no es tarea fácil. Pero también sabemos a lo que han llevado las formas tradicionales de hacer política, que han generado los niveles de desconfianza y corrupción que hoy contemplamos. Por eso, en lo referente a participación ciudadana, lo peligroso hoy es ser moderado.
