La organización informa de que 25000 personas esperan la resolución de la JCyL con meses de retraso. Mientras el precio de los alquileres sigue subiendo.
Izquierda Unida ha denunciado que «aunque la convocatoria del 19 de octubre del pasado año colocaba el plazo máximo para resolver las ayudas al alquiler en julio de 2023, a mediados de octubre miles de personas de toda la provincia siguen esperando la resolución».
Desde la dirección muestran su preocupación ante esta situación, ya que «estas ayudas, destinadas a familias con bajos recursos económicos y especial vulnerabilidad, ven cómo pasan los meses y no reciben este ingreso que tanto necesitan. Mientras, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en agosto declaraba que la ayuda se resolvería y se efectuaría el pago entre septiembre y octubre.»
Ante esta situación, la organización solicita a la Junta que ponga todos los medios disponibles para resolver y empezar a ingresar de manera inmediata el importe de esta ayuda. Para así, solventar el problema con vistas al futuro, ya que las ayudas de 2023 aún no se han convocado y esto puede provocar el mismo problema el año que viene.»
Además, es determinante cómo en los últimos años, la comunidad ha experimentado un notable aumento en el coste de la vivienda, lo que ha resultado en una creciente preocupación entre la población, en especial los jóvenes, que se encuentran con grandes dificultades para poder independizarse debido a los alquileres abusivos y a unos sueldos que no les permiten replantearse la opción de compra.
Los precios suben, las ayudas al alquiler no llegan.
En Castilla y León el precio de la vivienda en alquiler sube un 4,8% en su variación interanual según el portal Fotocasa. Ésto, sumado a la escasa oferta de alquiler, ha generado precios abusivos que a su vez han derivado en una situación en la que, por un lado, los estudiantes se ven sin opciones de una vivienda que necesitan para seguir sus estudios; y, por otro, que un alto porcentaje de la población joven tiene que retrasar la decisión de independizarse. A ello añaden, la comunidad autónoma tiene más de 300000 viviendas vacías, el 19,7% según el INE.
Destaca que «la falta de políticas de viviendas efectivas que aborden este problema ha dejado libre a un mercado que, como se está viendo en todo el país, no se regula solo. Sobre todo, si tenemos en cuenta la cantidad de viviendas de uso turístico, cuya placa informativa vemos cada vez de forma más y más frecuente en los portales de nuestras ciudades.
La organización ha terminado afirmando que «es primordial abordar este tema y construir políticas fuertes, sostenibles y a largo plazo que ayuden a la ciudadanía a poder construir un futuro, y para ello el acceso a la vivienda es esencial».
