Izquierda Unida de Castilla y León defiende que el transporte sanitario forma parte de los servicios que ha de prestar el sistema sanitario. El criterio para establecer el servicio de transporte sanitario tendría que ser técnico en función de las necesidades de salud de la población de una Comunidad Autónoma tan extensa como la nuestra y no en función de los beneficios que cada paciente y su traslado suponen a una determinada empresa. Tal y como se va a hacer en La Rioja, donde a propuesta de Izquierda Unida, se va a constituir una empresa pública de transporte sanitario que mejorará la calidad del servicio prestado y las condiciones laborales de las y los trabajadores, al subrogarlos a la nueva empresa que empezará a funcionar el 1 de abril de 2022.
IUCyL niega que el principal problema del transporte sanitario se solucione incrementando el coste del contrato, como propone el PP. El coste de 809 millones de euros hasta 2028 sirve para poner parches a la legítima preocupación ciudadana ante la precarización de este servicio sanitario tan necesario para garantizar la salud de la ciudadanía, sobre todo en el medio rural.
De poco nos sirve construir los mejores hospitales si no hay forma pública de llegar a ellos y las personas que lo necesitan con urgencia han de acudir a la utilización de vehículos privados porque la ambulancia no llega.
La organización califica como lo urgente y necesario, revertir al ámbito de lo público el servicio de transporte sanitario. “Redimensionarle en función no del negocio, sino de las necesidades reales de la población a la que debe darse la atención sanitaria, una población dispersa y envejecida que necesita más ambulancias medicalizadas, soportes vitales y transporte sanitario disponible a una distancia razonable de su domicilio”.
Destaca también como imprescindible dignificar las condiciones laborales del personal que presta servicios en las ambulancias de Castilla y León.
Respecto a los conflictos laborales que la empresa de ambulancias tiene, a juicio de IUCyL, son corresponsabilidad de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que debe asumir a este personal como propio, en vez de potenciar que sigan precarizándose sus condiciones laborales.
A juicio del coordinador general de IUCyL, Juan Gascón: “El papel de la Junta de Castilla y León en este asunto, tras renunciar el PP a la gestión pública de este servicio, es velar por el respeto de las normas por la parte social y empresarial. En cambio el partido popular se ha puesto de parte de la empresa, lo cual la incapacita para realizar una labor de mediación. Teniendo en cuenta que la actual concesionaria ha sido condenada por sistemáticas violaciones del Pliego Concursal y de la normativa laboral del sector, desde Izquierda Unida de Castilla y León consideramos que es obligatorio que las partes se vuelvan a reunir y renegocien el Convenio colectivo, sin injerencias de la Consejería de Sanidad a favor de la empresa, y respetando la parte social la libre concurrencia sindical según Comité de Empresa y la voluntad de la Asamblea de Trabajadores del Transporte Sanitario de Castilla y León”.
También añadió que: “Si el Consejero de Sanidad hubiera mostrado la misma predisposición a resolver el conflicto laboral de Ambuibérica que el que mostró para que sea esta la empresa que gestione este contrato de transporte sanitario por un importe de más de 800 millones de euros, el conflicto socio laboral llevaría resuelto meses”.
