La organización defiende consensuar un modelo entre los partidos de izquierdas y los sindicatos para plantear una alternativa en la comunidad.
IU ha desarrollado hoy su propuesta de financiación autonómica. Para la organización, lejos de acudir a la polémica de agravios territoriales, la propuesta se haga sobre la garantía de derechos y servicios, adaptando a las necesidades de cada territorio y garantizando una fiscalidad justa que la dote de recursos.
Fracaso actual del modelo de financiación autonómica.
En primer lugar, señalan que el actual modelo de financiación autonómica no ha sido capaz de garantizar el principio de suficiencia financiera porque más recursos no han bastado para proveer de servicios públicos en la cuantía y calidad que necesitamos. Especialmente esto se sufre en Castilla y León. Tampoco ha protegido la equidad. “Que haya un 8,9% de población en nuestro territorio en situación de pobreza severa, muestra con claridad que el Sistema de Financiación Autonómica no sabido dar respuesta adecuada y suficiente”.
Desde la moción de censura de 2018, Castilla y León habrá dispuesto de recursos por 56.089 millones, cifra que además de la financiación ordinaria incluye el reparto de los fondos extraordinarios que el Ejecutivo movilizó para contrarrestar los efectos de la COVID-19. En los últimos siete años Castilla y León habrá tenido un 38,4% más de financiación que la recibida en el mandato de Mariano Rajoy, es decir, 15.548,2 millones más. “Pero no lo ha aprovechado bien. La ciudadanía bien lo sabe”, han añadido.
Modelo basado en las necesidades de los territorios, no en estériles polémicas.
Por eso apuntan que es imprescindible que la reforma del marco de financiación autonómico se haga desde otros prismas para que sea una oportunidad y no un enfrentamiento entre naciones y territorios que componen el estado español. “Por eso el nuevo modelo ha de ser justo y aceptable para todos los territorios. Debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad”.
IU propone definir un suelo de derechos y garantizando servicios públicos en todos los territorios. Para ello es fundamental “empezar la casa por los cimientos y definir un suelo de derechos”, es decir, qué servicios públicos se quieren garantizar en todo el estado a todas las personas en todos los territorios. Paralelamente, una política fiscal que obtenga los recursos necesarios para satisfacer los derechos y los servicios públicos mediante una reforma fiscal que los blinde.
Además, establecer un mecanismo de solidaridad que garanticen la suficiencia de recursos para la prestación de los servicios públicos en cualquier lugar del estado y articulando herramientas de condicionalidad positiva para acceder a dichos mecanismos. “Según nuestras estimaciones, la reforma del Sistema de Financiación Autonómico que garantizará un suelo de derechos digno y la prestación de servicios públicos precisará de recursos adicionales por valor del 2% del PIB anuales, algo perfectamente posible con la reforma fiscal planteada y con las demandas históricas de Castilla y León. A Castilla y León le supondría 2.600 millones de euros adicionales, un 22% más que lo actual.”
